Para evitar que ocurran otros Tlatlayas, para dejar atrás la falta de controles, los abusos y el desgaste de las instituciones, es necesario crear una Ley General del Uso Legítimo de la Fuerza que aplique en los tres órdenes de gobierno y no se limite sólo al ámbito federal, sostiene el académico e investigador Alejandro Carlos Espinosa.
Especializado en derecho militar, el jurista, quien actualmente realiza trabajos de investigación en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), considera que la creación una ley que regule el uso de la fuerza en operaciones contra el crimen organizado y la delincuencia común es urgente “debido a las condiciones que actualmente presenta el Estado Mexicano”.
Todo esto deberá venir de la mano del desarrollo doctrinal, filosófico y jurídico de lo que se conoce como “derecho operacional”, disciplina totalmente nueva que en México aún no existe pero que debe ser puesta en marcha a la brevedad para que todos sepamos “qué se puede hacer, qué no se puede hacer, quiénes lo pueden hacer y cuáles son los límites para hacerlo”, agrega.
Alejandro Carlos Espinosa es Doctor y Profesor por oposición en Derecho Militar y Profesor por oposición de Derecho Militar y Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en donde también imparte la cátedra Derechos Humanos. En la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán es profesor en la materia Política Criminal en el Procedimiento Penal.
Desde principios de este año trabaja en un proyecto para la creación de lo que sería la primera Ley General Operacional o Ley General para el Uso Legítimo de la Fuerza, con la que se reglaría por primera vez la actuación de las fuerzas armadas, de las fuerzas federales policiacas y del total de las corporaciones estatales y municipales que combate a la delincuencia en todos ámbitos.
Una ley como esta, dice, no solo ayudaría a regular y delimitar con precisión el marco en el que deban actuar militares, marinos, policías federales, estatales y municipales; serviría también para empezar a dignificar al policía de a pie, al de la calle que vemos todos los días, con el que convivimos y que esquíen enfrenta en primera instancia el fenómeno de la criminalidad.
Instrumentos de regulación de fuerza militar, marino y de policías federales
Hoy, el único instrumento que existe para regular el uso de la fuerza en los militares, marinos y policías federales es el Manual de Uso de la Fuerza de Aplicación Común a las Tres Fuerzas Armadas, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), documento de 25 cuartillas que plantea como objetivos de aplicación “dar cumplimiento a lo dispuesto en las directivas sobre uso de la fuerza, a la vez que se constituye en una guía para la actuación del personal integrante de las fuerzas armadas en el ejercicio de sus funciones, observando siempre un irrestricto respeto a los Derechos Humanos”.
El documento señala que “los conceptos vertidos, son de observancia para todo el personal de las fuerzas armadas, que desarrollan operaciones y están sometidos en todo tiempo, lugar y circunstancia al imperio de la ley, debiendo promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos”.
Después señala cuales son los ejes fundamentales para la aplicación del manual y del uso razonado de la fuerza, “observando en todo momento una conducta de respeto en su interacción con la población en general y demás servidores públicos”
Más allá de este documento que solo rige la actuación de las fuerzas armadas y de la Policía Federal, no se cuenta con otro texto y mucho menos con una ley para apoyar y delimitar las operaciones de las fuerzas federales contra el crimen organizado, señala Espinosa.
El general Guillermo Galván, secretario de la Defensa Nacional en el gobierno de Felipe Calderón, no se cansaba de recordarle al presidente y al gabinete de seguridad que hacía falta un marco legal para blindar la lucha contra la delincuencia organizada, recuerda el investigador.
Así se pasó todo el sexenio, pidiendo una y otra vez un marco jurídico y garantías para que los militares pudieran actuar con mayor amplitud y seguridad contra los cárteles de la droga, en una guerra a la que el mandatario envió a la tropa sin protección de ley.
Al final, el sexenio calderonista pasó a la historia como el más cruento en la guerra contra el narcotráfico, sumando no solo más de 200 mil desplazados, cerca de 30 mil personas desaparecidas y más de 100 mil civiles muertos, sino también 110 Recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitidas a la Sedena y 22 a la Secretaria de Marina por abusos, detenciones y cateos arbitrarios, desapariciones y homicidios.
“Conforme a derecho, la gente está saliendo libre por el caso Tlatlaya, pero en la realidad estamos frente a un mensaje muy fuerte de corrupción y de impunidad”, explica Espinosa.
Esto significa que sigue habiendo gran vacío legal y que siguen existiendo en México dos tipos de personas, y que para las autoridades ese otro tipo de personas, los que son enemigos, no son personas y no tienen derechos, añade.
Esto es delicado porque en junio entrará en vigor la reforma penal y para que esta comience a cumplirse como se espera, el primero eslabón será el policía y hoy los policías no saben qué hacer; cómo, cuándo y de qué manera se va a aplicar la ley y cuáles serán ahora los límites, señala.
Espinosa advierte que será en este contexto en el que se enviará a policías a cumplir con la reforma penal, a perseguir y detener gente en las calles, a realizar puestas a disposición, a resguardar el lugar de los hechos, a resguardar fases elementales de la cadena de custodia y a intervenir con el uso de la fuerza cuando seguimos con policías que todavía no saben leer y difícilmente escriben bien.
Una ley como la que se necesita deberá incluir aspectos que garanticen, por ejemplo, que, en el caso de los policías éstos tendrán recursos suficientes para su equipamiento y para cumplir con toda la ruta profesional durante sus labores.
Puntos esenciales para la Ley General de Uso de la Fuerza
Los puntos esenciales que deberá contener una eventual Ley General de Uso de la Fuerza serían, según Alejandro Carlos Espinosa:
* Determinar con precisión quiénes ostentan el monopolio del uso de la fuerza y en qué condiciones.
* Precisar cuáles deberán ser considerados medios letales y no letales para responder a determinadas situaciones y escenarios.
* Mencionar el tema de las armas de fuego, con una nueva visión y clasificación del tipo de armamento a usar y en qué condiciones y límites.
* Deberá abordar temas como el derecho internacional y sus implicaciones en una ley acompañada por tratados y compromisos de respeto a los derechos humanos.
* Tendrá que abordar el tema de la elaboración de protocolos de actuación para que sean muy precisos y vigilados, con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
* Deberá establecer con mucha claridad quiénes serán los destinatarios de dicha ley, es decir, las instituciones.
* También deberá abordar el tema de la seguridad privada en México; qué hacer con miles de policías que no son policías, que portan armas, que no están vigilados ni regulados como debiera ser.
* Señalar cuando y de qué manera se darían las amenazas, latentes, presentes y reales; cuándo habría riesgos y cómo responder a estos escenarios.
Una ley general como la que se debe hacer, sería de aplicación y alcance muy amplio, sería aplicable a militares y marinos sin menoscabo del Fuero de Guerra y sería también una ley no muy compleja para que su ejecución fuera rápida, agrega Espinosa.
Al final, este tipo de instrumentos serían la base para humanizar a los cuerpos policiacos, para dignificarlos, profesionalizarlos y ubicarlos en la dimensión correcta para cumplir su trabajo sin la sombra de los abusos y la constante violación a los derechos humanos, sostiene el jurista.
mlmr