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“Preocupa corrupción de alta escala en México”

Layda Negrete, del Proyecto de Justicia Mundial y David Ramírez, de México Evalúa, hablan sobre ¿Por qué el fracaso de la justicia en México?

Escrito en NACIÓN el

Los ejecutivos estatales son el talón de Aquiles, continúan teniendo demasiado poder, no es la mordida al policía la corrupción que preocupa, sino la corrupción de alta escala, consideró Layda Negrete, representante del Proyecto de Justicia Mundial  (World Justice Project en inglés).

Durante la Mesa de Opinión de El Heraldo de México-La Silla Rota con Alfredo González y Jorge Ramos, bajo el tema ¿Por qué el fracaso de la justicia en México?, dijo que es urgente combatir la corrupción en ministerios públicos y policías, pues sino se parte de ahí no se podrá tener un buen sistema de justicia.

Con respecto al reporte "Índice de Estado de Derecho en México 2019-2020" consideró preocupante el alza de homicidios, pero hay grandes variaciones entre estados.

“Yucatán tiene un índice de homicidios muy muy bajo. En delito patrimonial es diferente, hay otras que tienen mucho homicidio y pocos robos. Pero a nivel general lo que más jala hacia la baja es la falta de Orden y Seguridad, y Justicia Penal. En Guerrero hay una ausencia en todas las dimensiones, hay una gran debilidad institucional, no hay acceso a la información, justicia penal, justicia civil. La política pública correctiva debe aplicarse de manera local”.

Explicó que Querétaro es el primer lugar en Justicia Penal, y aunque llegó tarde al sistema de justicia penal se apuró y no se están quejando de la puerta giratoria.

Dijo que no puede haber estado de derecho sin una prensa libre protegida y tampoco si la sociedad civil se ve atacada. “Y también esa guerra de baja intensidad, de si no estás conmigo estás contra mí”, agregó.

David Ramírez Garay, coordinador de seguridad de México Evalúa, dijo que Guerrero es un tema muy interesante, pues a pesar de que queda hasta abajo en la clasificación el año pasado tuvo una reducción de homicidios de 23%, pero ¿es una política local o es un factor externo?

“Gran parte de este descenso se debe la disrupción del fentanilo en el mercado de la amapola, han bajado muchos los precios. Este cambio no se lo podemos anotar a una política de gobierno. ¿Qué va a hacer el gobierno al respecto? ¿Tienen algo en el radar para aprovechar esta situación? Parece que no. La política criminal está totalmente desarticulada, varían muchas las capacidades”, explicó.

Aseguró que el tema de seguridad no es nada más policías, ni armas, ni Ejército, es que haya justicia, libertad de prensa.

“El caso de Guanajuato sale en número 9 del índice, cuando sabemos que tiene una situación muy débil en materia de seguridad. Desde la parte institucional está cumpliendo algunos requisitos, pero no están operando, además tienen un tema muy focalizado que es el huachicol. Los homicidios siguieron incrementando, así como la extorsión y el secuestro. Hay un problema y no existe suficiente respuesta. No hay una protección suficiente para los ciudadanos”, dijo.

Consideró que en  el tema de corrupción habría que preguntarse: ¿se están atacando las raíces de la corrupción?, pues ambién está esa corrupción de la impunidad.

“¿Hay depuración de las policías estatales? ¿Fue suficiente con desaparecer la Policía Federal y sustituirla por la Guardia Nacional? ¿Estamos viendo procesos de depuración de procuradurías, jueces? No. Esta corrupción hace imposible que puedas presentar una denuncia”, dijo

EL REPORTE

En materia de Estado de Derecho México está reprobado, así lo asegura el informe “Índice de Estado de Derecho en México 2019-2020” realizado por World Justice Project.

Con un promedio nacional de 0.39 sobre uno, ninguna entidad del país aprueba las condiciones mínimas en materia.

Los estados peor calificados son Guerrero, Puebla, Quintana Roo, Morelos, la Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco, Tlaxcala y Tabasco, gobiernos que rondan una calificación de entre 0.33 y 0.37.

En contraste, las entidades mejor calificadas son Yucatán, Aguascalientes, Zacatecas, Campeche, Querétaro, Coahuila, Nuevo León, Durango y Guanajuato, estado que su evaluación oscilan entre 0.46 y 0.43.

El informe de World Justice Project evalúa ocho factores: “Límites al poder gubernamental”, “Gobierno Abierto”, “Derechos Fundamentales”, “Cumplimiento Regulatorio”, “Ausencia de corrupción”, “Orden y Seguridad”, “Justicia civil” y “Justicia Penal”, siendo los últimos cuatro las principales problemáticas nacionales.

Orden y Seguridad

“El resultado más preocupante es orden y seguridad, que bajó su puntaje en 19 estados del país como consecuencia del aumento en la tasa de homicidios, de la incidencia delictiva y del deterioro de la percepción de seguridad de los mexicanos”, detalla el informe.

Durante 2019, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reportó 35 mil 588 homicidios dolosos y feminicidios en todo el país, siendo el mayor número de asesinatos registrados en la historia reciente de México.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 72.9% de los mexicanos considera que vivir en su ciudad es inseguro.

El informe de World Justice Project refiere que los peores estados calificados en este rubro son: Morelos, Baja California, Guanajuato, Ciudad de México, Guerrero, Tabasco, Puebla y Quintana Roo, con una calificación de entre 0.19 y 0.26.

De estos estados, Baja California, Guanajuato y Guerrero se encuentran en el top de los estados con más asesinatos por cada 100 mil habitantes, durante 2019; también aparecen en el listado de las entidades con más homicidios dolosos y feminicidios del año pasado, top en el que se suma el Estado de México.

En contraste, las entidades mejor evaluadas en materia son: Yucatán, Durango, Coahuila, Chiapas, Campeche, Hidalgo, Aguascalientes, Veracruz y Oaxaca, cuya evaluación oscila entre 0.73y 0.45.

Ausencia de corrupción

El combate a la corrupción es un “reto persistente” en el país, asegura el informe de World Justice Project. Dentro del aparato del Estado, los congresos locales son los entes con más percepción de corrupción.

Las peores entidades calificadas en ausencia de corrupción están: la Ciudad de México, Chiapas, Guerrero, Estado de México, Jalisco, Quintana Roo, Durango, Puebla y Tlaxcala, con una evaluación de entre 0.32 y 0.28.

En contraste, los estados con mejor evaluación en materia son: Querétaro, Zacatecas, Guanajuato, Aguascalientes, Colima, Nuevo León, Yucatán, Hidalgo y Campeche, calificación que oscila entre 0.45 y 0.39. 

Justicia

“La mayoría de los estados enfrentan grandes desafíos en justicia civil y penal”, explica el informe, el cual señala la efectividad de las investigaciones por parte de la policía y de los ministerios públicos como la principal deficiencia.

Durante 2019, según el SESNSP, se denunciaron 2 millones 15 mil 641 delitos del fuero común, más 98 mil 396 del fuero federal en el año pasado.

Además, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la cifra negra en México –es decir los crímenes que no se denuncian–  es de 93.2%.

En justicia civil, los estados peor calificados del informe son: Guerrero, Chiapas, Jalisco, Veracruz, Tlaxcala, Baja California Sur, Michoacán, Tamaulipas y Puebla, con una evaluación de entre 0.29 y 0.33.

En contraste, Guanajuato, Nuevo León, Durango, Aguascalientes, Campeche, Baja California, Sinaloa, Chihuahua y Zacatecas, son los mejores evaluados, con una calificación que oscila entre los 0.44 y 0.40.

En justicia penal, los estados peor calificados del informe son: Guerrero, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Estado de México, Jalisco, Chiapas, Quintana Roo y Morelos, con una evaluación de entre 0.29 y 0.34.

Por otra parte, los mejores evaluados son Querétaro, Zacatecas, Sinaloa, Guanajuato, Aguascalientes, Oaxaca, Coahuila, Hidalgo y Nayarit, con una calificación de entre 0.47 y 0.41.

Las fortalezas

No todo fueron críticas para el Estado de Derecho en México. World Justice Project destaca los contrapesos en los gobierno estatales, que limitan el actual de estos.

Los contrapesos más efectivos para los gobiernos estatales, según el documento, son la sociedad civil y la prensa.

Sin embargo, durante 2019 en México fueron asesinados 10 periodistas –según Reporteros Sin Fronteras– y 12 activistas –de acuerdo con Amnistía Internacional–. Estas cifras convierten a México en uno de los países más peligrosos para ser parte de la sociedad civil y la prensa.

También destaca “la efectividad de los sistemas estatales para sancionar a funcionarios públicos que abusan de sus funciones y por cambios en las percepciones acerca de la libertad y transparencia en los procesos electorales”.