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CIUDAD DE MÉXICO (La Silla Rota).- Las dos principales propuestas que se discuten en la Cámara de Diputados para la darle vida a la Ley de Seguridad Interior son “cheques en blanco” para la militarización del país, concluyó el colectivo #SeguridadSinGuerra.
Este colectivo que agrupa a especialistas en seguridad nacional, académicos, especialistas y promotores de derechos humanos, analizó las dos principales iniciativas con la que se pretende elabora el proyecto de dictamen comisiones de la Cámara de Diputados.
Las iniciativas analizadas son promovidas por priístas y panista. La primera fue presentada por coordinador del PRI, César Camacho y por su compañera de curul, Martha Tamayo y la segunda propuesta es del senador del PAN, Roberto Gil.
Iniciativa panista
De acuerdo con este análisis, la propuesta del senador Roberto Gil crea la figura “declaratoria de afectación a la seguridad nacional” que no existe en la Constitución y burla el procedimiento establecido en el artículo 29 constitucional (suspensión de derechos y garantías) y permite que estas declaratorias se extiendan por un año.
La iniciativa abre la puerta para que el Presidente de la República, de manera unilateral y sin aprobación del Congreso, incremente la participación de los militares en funciones de seguridad pública.
También debilita el control legislativo y da poder de veto a una comisión integrada por sólo 6 legisladores y es un “cheque en blanco” porque la definición de afectaciones a la seguridad interna es tan amplia que el Presidente de la República puede usar prácticamente cualquier pretexto.
Asimismo, la propuesta del legislador Gil autoriza al Ejército a usar la fuerza para repeler o controlar actos de resistencia no agresiva; incluso, con cita textual avala "la utilización de técnicas, tácticas y métodos por la Fuerza Armada Permanente [...] para controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia no agresiva".
No contempla un protocolo (aprobado por el poder Legislativo) para el uso de la fuerza durante las declaraciones y permite que el Ejército realice tareas de procuración de justicia y de inteligencia: recibir denuncias, practicar detenciones, investigar y perseguir delitos, recoger testimonios, recolectar información.
Otra de las gravedades detectadas es que se autoriza el espionaje y geolocalización indiscriminada de ciudadanos y permite que toda información obtenida quede en manos de múltiples autoridades (CISEN, Secretaría de Defensa, Secretaría de Marina, Comisión Nacional de Seguridad, Fiscalía General).
Este análisis sostiene que esta iniciativa es una “simulación”, pues se pretende que en 90 días los militares cuenten con un adecuado “adiestramiento y doctrina para operaciones de seguridad interior en estricto apego a los derechos humanos y no contempla una ruta para que los militares regresen a los cuarteles."
Camacho y Tamayo
Esta iniciativa también crea la figura “declaratoria de protección a la seguridad interior” que no existe en la Constitución y que burla el procedimiento establecido en el artículo 29 constitucional (suspensión de derechos y garantías).
También crea otra figura, la de “acciones de orden interno” que busca hacer permanente la participación de militares en tareas como el establecimiento de bases de operaciones y puestos de vigilancia, patrullajes, intercepciones y “las demás que se consideren necesarias”.
“Es un cheque en blanco: las definiciones de seguridad interior, amenazas a la seguridad interior” "son tan amplias que permiten que el Presidente realice declaraciones y acciones bajo cualquier pretexto”, explica el análisis.
Además, autoriza al ejército a usar armamento en contra de actos de resistencia no agresiva; Abre la puerta para que el Presidente, de manera unilateral y sin aprobación del Congreso, incremente la participación de los militares en funciones que corresponden a autoridades civiles y traslada el control de los civiles a los militares, al establecer que un “Comandante de las Fuerzas Armadas” será quien dirija las acciones.
También abre la puerta a que los militares espíen de manera indiscriminada a la ciudadanía. Cita textual: "Al realizar tareas de inteligencia, las autoridades facultadas por esta Ley podrán hacer uso de cualquier método de recolección de información".
Permite que las 'declaratorias' se prorroguen y modifiquen de manera indefinida y a su vez no contempla una ruta para que los militares regresen a los cuarteles.
jamp