El Núcleo de Organizaciones de la sociedad civil destacó la evidencia revelada en un informe técnico elaborado por Citizen Lab, con la ayuda de organizaciones no gubernamentales locales de derechos digitales, SocialTic y R3D, y publicada por el periódico The New York Times –el pasado 11 de febrero de 2017– acerca de la participación de diferentes oficinas del gobierno mexicano en la vigilancia digital ilegal a por lo menos tres destacados investigadores y defensores de la salud en México.
Dos de estos tres defensores colaboran en instituciones que trabajan en conjunto con la sociedad civil y el gobierno en la iniciativa de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), en específico para la construcción del compromiso de Obesidad del Tercer Plan de Acción / 2016-2018.
Ante dicha situación, el núcleo exigió al poder ejecutivo federal (representado por la Secretaría de la Función Pública) y a los comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), contrapartes en el Secretariado Técnico Tripartita (STT), a actuar de manera efectiva ante este delicado asunto, pero no hubo una respuesta concreta en más de tres meses.
La sociedad civil consideró que “esta vigilancia resulta ilegal, como sistema de control y sin que medie una orden judicial, deja en estado de indefensión a los ciudadanos y vulnera su privacidad […] además de ser una práctica asociada a estados totalitarios contraria a la apertura gubernamental que se promueve a través de los principios de la Alianza para el Gobierno Abierto”.
A lo anterior se suma la actuación de distintas dependencias del ejecutivo federal que buscaron “disminuir el alcance o modificar sustantivamente, de manera unilateral, los compromisos y líneas de acción tal y como fueron acordados en las mesas de trabajo del año pasado para llevar a cabo la agenda planteada para el Tercer Plan de Acción”.
Por esto, el núcleo anunció que la decisión unánime de las 10 organizaciones que lo conforman es concluir su participación en el STT, tras más de cinco años de trabajo en este espacio de interlocución, por la pérdida de confianza hacia éste y la falta de “condiciones de co-creación y diálogo con el Gobierno Federal para continuar dentro del proceso del Tercer Plan de Acción.
En un comunicado, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), también miembro del STT, reconoció que el Estado mexicano vulneró la confianza de los participantes en esta Alianza.
“Coincidimos con las Organizaciones de la Sociedad civil con que, hechos de esta naturaleza, vulneran la confianza necesaria de cualquier diálogo, minan la capacidad de construcción de acuerdos e imposibilitan una relación respetuosa entre las instituciones públicas y la sociedad”, señaló el INAI.
Ante la comunicación de las organizaciones que integran el núcleo de la sociedad civil del Secretariado Técnico de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) de retirarse de la Mesa de Diálogo de la construcción del Plan de Acción 2016-2018 y las razones que señalaron para ello, el Gobierno de la República, a través de la Secretaría de la Función Pública (SFP), señala que está comprometido con las libertades personales y la protección de la privacidad de las personas, por lo que invita a quien haya sido víctima de alguna actividad contraria a sus derechos humanos, a que acuda a las instancias con facultades y atribuciones para atender estos casos.
La SFP, como representante del Gobierno de la República ante el Secretariado Técnico Tripartita, reitera la disposición para el diálogo en atención a las preocupaciones que manifestaron las organizaciones de la sociedad civil en su comunicado. Siempre será una prioridad para la dependencia el trabajar con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y las organizaciones de la sociedad civil para encontrar una solución a la problemática señalada.
El Gobierno de la República, en coordinación con la SFP, mantendrá la disposición y apertura para el desarrollo y cumplimiento de los compromisos establecidos en el Plan de Acción 2016-2018, con el mismo interés con el que se trabajó el Plan de Acción 2013-2015, del cual se cumplieron el cien por ciento de los compromisos, lo que permite señalar que ha sido un mecanismo de incidencia efectiva por parte de todos los que integramos la AGA.
La AGA se presentó en 2011 ante la asamblea general de la ONU, con México como uno de ocho países fundadores, bajo el objetivo de impulsar la transparencia, rendición de cuentas y la participación ciudadana para combatir la corrupción.
Entre las organizaciones que rompen con el gobierno federal, más específicamente con la Secretaría de la Función Pública (SFP) y el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), se encuentran Artículo 19, el IMCO, Transparencia Mexicana y Fundar.
Anoche, en conferencia de prensa, las organizaciones civiles señalaron que hace tres meses que exigieron a la SFP y al INAI esclarecer los casos de espionaje revelados por la canadiense Citizen Lab en contra de tres defensores mexicanos, dos de ellos están vinculados con la AGA.
“Después de haberlo meditado, sopesado, es una decisión ciertamente complicada, dolorosa, porque llevamos más de cinco años y medio trabajando en esta iniciativa, hemos decidido retirarnos del espacio de diálogo”, indicó Tomás Severino, de Cultura Ecológica.
Dentro de la AGA, este es el primer caso en que la sociedad civil rompe con el gobierno de su país.
“Realmente no hay alianza en México, porque no existe sociedad civil que avale los trabajos que se desarrollan dentro del plan de acción, cualquier acción del Gobierno per se, a partir de este momento, no está avalada por la sociedad civil”, agregó Ana Cristina Ruelas, de Artículo 19
El diario The New York Times publicó que la PGR en septiembre de 2016, aún encabezada Jesús Murillo Karam, adquirió el software de espionaje Pegasus, con un costo de 15 millones de dólares. Fue este software el que detectó Citizen Lab en un espionaje a defensores de la salud que exigían regular el etiquetado de bebidas azucaradas.
A su vez, Juan Pardinas, del IMCO, añadió que hay un posible escenario de acoso a organizaciones civiles.
“Esto ha ocurrido en el contexto de otras cosas preocupantes: el robo de discos duros de la oficina de Causa en Común, liderada por María Elena Morera; el allanamiento de la casa de Genaro Lozano, columnista de Reforma”, remarcó.
Al respecto, la presidenta del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), Jacqueline Peschard, lamentó el rompimiento de la alianza de las organizaciones civiles y el gobierno.
“Es un anuncio muy grave, porque llevan desde 2011, más de cinco años, participando y habían estado construyendo los planes de Gobierno y de acción con la sociedad civil”, dijo.
lrc