Para la Procuraduría General de la República (PGR), el estatus jurídico de los 43 estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgosde Ayotzinapa es de ‘cautivos’, mismo que se ha mantenido a lo largo de la investigación, informó el subprocurador de Derechos Humanos, Eber Omar Betanzos.
El funcionario puntualizó que las 110 personas que han sido consignadas por los hechos están acusadas de secuestro, desaparición forzada y delincuencia organizada.
Subrayó que el caso no está cerrado, pues el delito de desaparición no prescribe y se considera de lesa humanidad; mientras que en el caso de secuestro, se establece que existe flagrancia.
En el secuestro, mientras no aparezcan las personas, no puede estar concluido, ni cerrado. Se trata de un caso que no está cerrado. En la desaparición además tenemos delitos que son imprescriptibles porque son de lesa humanidad, porque implican una violación grave de los derechos humanos que seguirán investigándose.
Betanzos Torres rechazó que la ‘verdad histórica’ sostenida por el ex procurador de la República, Jesús Murillo Karam, que señalaba que los 43 estudiantes normalistas habrían sido incinerados en el basurero de Cocula, haya sido echada abajo con las conclusiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI). En todo caso, dijo, debe demostrarse con evidencias, para lo cual se realizará un tercer peritaje.
Reveló que la PGR pondrá énfasis en la posible conexión de la ruta de la cocaína de Iguala a Chicago que controla el grupo Guerreros Unidos, como posible móvil de la desaparición.
Detalló que de las conclusiones que arroja el informe del GIEI se trabajará sobre la que señala la existencia de un quinto autobús en el que viajaban parte de los normalistas.
Betanzos aclaró que la información del quinto autobús ya se encontraba en el expediente. “El énfasis que nos permite ahora el informe de los expertos es solidificar la línea que lleve a investigar con todo detalle y cuidado esta posibilidad que explicaría la virulencia de la reacción que se tiene contra los estudiantes”.
Dijo que se investigará si en alguno de esos autobuses había narcóticos o sustancias prohibidas, lo que provocó que los estudiantes quedaran en una situación vulnerable.
Aseguró que durante los más de 11 meses transcurridos a partir de los hechos, la investigación siempre ha estado abierta y se han realizado 660 actividades de búsqueda.
Con información de El Universal
kach