La tormenta apenas empieza. El histórico proceso de licitación de frecuencias de radio podría llegar a dirimirse en tribunales. La presunta “trampa” de Tecnoradio – el controversial participante en esta subasta que finalmente no pagó por las 37 frecuencias que ofertó- tiene muy enojado a más de uno de los jugadores en este concurso, quienes ya evalúan presentar amparos.
Irene Levy, presidenta de Observatel, considera que si bien el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) no tiene atribuciones para anular la subasta, sí podrían interponerse amparos por los participantes que se consideren afectados por la inclusión y conducta de Tecnoradio en el proceso y, en caso de ganar, un juez podría ordenar que se reponga el procedimiento o bien que se paguen daños y perjuicios.
Pero también hay que recordar, dijo, que existen ganadores que ya pagaron, que tienen derechos adquiridos y que no deberían ser perjudicados por las resoluciones que se tomen.
Al mismo tiempo, el IFT, el órgano regulador encargado de realizar la licitación y vigilar el cumplimiento de las normas, también podría llevar este caso ante la autoridad judicial si determina que es procedente interponer una denuncia contra accionistas de Tecnoradio, y quien resulte responsable.
Los delitos que se perseguirían, de ser el caso, son falsear información a una autoridad y con ello obtener una ventaja indebida, lo cual implicaría realizar un fraude, de acuerdo con Alejandro Navarrete, titular de la Unidad de Espectro del IFT.
Sin duda, acreditar estas conductas ilegales y lograr una sanción penal también sería histórico y sentaría un precedente que servirá de ejemplo para futuros procesos licitatorios.
Se presume que Tecnoradio jugó sucio porque se presentó como un nuevo entrante al mercado pero que quien se ostentó como presidente de dicha empresa, Alí Eduardo Bañuelos, tiene vínculos familiares con el presidente de Radiorama, uno de los grupos radiofónicos más grande del país, por el número de estaciones que opera.
Para efectos de esta licitación, el carácter de nuevo participante le dio a Tecnoradio el beneficio de un descuento del 15% en cada frecuencia e, incluso, de participar en frecuencias a las que quizá no hubiese tenido acceso si se hubiera considerado como parte del mismo grupo de interés económico de Radiorama.
De acuerdo con lo establecido en las bases de licitación, Tecnoradio tuvo que haber informado al IFT sobre dicha relación, pues tener algún tipo de vínculo con otro jugador puede generar algún conflicto de interés o daño a la competencia, lo cual implicaría restringir o condicionar su participación, todo depende del análisis de competencia que haga el órgano regulador.
Pero Tecnoradio no lo informó y tampoco el Estado lo pudo identificar. Las relaciones familiares entre accionistas de Tecnoradio y Radiorama se dieron a conocer por Javier Tejado, un alto ejecutivo de Televisa que publica una columna semanal en el diario “El Universal”.
Este proceso dejo en evidencia el talón de Aquiles de la autoridad en el sensible tema de la obtención de la información para saber a quién entrega concesiones de un recurso tan valioso, como el espectro radioeléctrico, para dar un servicio público de interés general.
En este caso, el IFT determina qué información requieren presentar los agentes económicos, quienes lo hacen bajo protesta de decir verdad, y al IFT corresponde revisar su validez. Pero para el órgano regulador no es posible hacer una investigación exhaustiva sobre todas las relaciones de los accionistas de las empresas participantes en una licitación.
“No se hace en ninguna parte del mundo y no hay una fórmula absolutamente infalible para garantizar que nadie haga trampa”, asegura Navarrete.
Pero Irene Levy, presidenta de Observatel, considera que “el Estado sí tenía que hacer esta investigación”. Es obligación del gobierno saber a quién se le está asignando un bien de la nación y la prestación de un servicio público.
La SCT, como parte del ejecutivo federal, puede y debe buscar información sobre la identidad de los participantes y de otro tipo, señaló.
Sin embargo, esta dependencia asegura que no, que a ella no le corresponde revisar el cumplimiento de los requisitos que se establecen en las bases de licitación del IFT, como la declaración de un participante sobre sus vínculos comerciales, familiares o potenciales conflictos de interés.
Se trata de la primera licitación que hace el gobierno mexicano para asignar nuevas frecuencias de radio. Tradicionalmente, las concesiones para este servicio se hacían de manera discrecional. Las últimas se asignaron hace 22 años.
Con el nuevo marco legal en materia de telecomunicaciones y radiodifusión se establece la obligación de concesionar este valioso recurso del Estado a través de licitaciones, a fin de hacer transparente, en igualdad de condiciones y bajo reglas claras, la asignación de las frecuencias del espectro.
Los efectos Tecnoradio
A decir de Irene Levy, la participación de Tecnoradio sí tuvo un impacto en la subasta. Y no sólo eso, sino que el efecto se traducirá en una distorsión del mercado, debido a que dicha empresa actuó de manera poco racional en el proceso, inflando los precios y al final hubo participantes que tuvieron que pagar precios muy altos, con la consecuencia de, ahora, tener dificultades para iniciar operaciones o para sustentarlas por largo tiempo.
“Tecnoradio afectó toda la subasta, no solo en las subastas que participó. Es como si tienes una olla con varios hoyos y si tapas uno la presión saldrá por los otros. Si un participante iba por 5 frecuencias, por dar un ejemplo, en las cuales 3 estaba Tecnoradio, cuando veían que Tecnoradio estaba inflando tanto los precios desistían y decían aquí no puedo y mejor meto todo mi dinero a las otras dos porque de alguna forma eran sustitutas”, afirma la experta.
Alejandro Navarrete refuta que se hayan inflado los precios. Indica que el esquema de licitación es una subasta simultánea ascendente, lo que implica que gradualmente se van incrementando las posturas de los participantes y debido a que se fijaron valores mínimos y máximos de los incrementos los precios no podían subir de la noche a la mañana en 100 o 200 por ciento.
“Que alguien haya querido hacer trampa no significa que fracase la licitación. No se puede pedir que se cancele porque alguien no pagó”. Como resultado de esta licitación habrá más de 120 estaciones de radio nuevas en operación, dice, y al erario ingresarán alrededor de mil millones de pesos por el pago de las frecuencias cuando concluya el proceso.