Entre las dependencias federales, estados, organismos autónomos, fondos, programas y poderes de la Unión que reciben recursos públicos, Chiapas, Veracruz, Michoacán, Estado de México, Oaxaca, Hidalgo, la Ciudad de México, Conagua, las secretarías de Economía, Agricultura y Educación, la construcción del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la Cámara de Diputados y el Senado ocupan los primeros lugares de observaciones y de presuntas irregularidades, de acuerdo con la Cuenta Pública 2015.
En una revisión a esta última cuenta, elaborada por la Auditoria Superior de la Federación (ASF), se constata que hay al menos una decena de temas y programas a los que los auditores pusieron lupa y especial énfasis.
Las principales observaciones están en infraestructura y obra pública, el seguro popular, subsidios federales, el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Ramo 23, las subvenciones que se reparten en la Cámara de Diputados y en el Senado, los estados más observados y con más subejercicio y las auditorías forenses hechas a universidades y en programas de Sedesol y Sagarpa.
Obra pública
En este rubro, el de la infraestructura y obra pública, uno de los programas auditados fue el avance en la construcción del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde se determinaron problemáticas en áreas como el nivel salarial en la gerencia de proyecto; en el costo de proyecto ejecutivo del edificio terminal; pagos por ajuste de costos; pagos por duplicidad de conceptos; comprobación de recursos, entre otros.
“Resulta relevante mencionar que la ASF participará como observador durante los procesos de ejecución de los trabajos referentes al sistema de precarga e instrumentación de las pistas 2 y 3; la fabricación y colocación de los pilotes de la torre de control, del edificio terminal y del centro de transporte terrestre intermodal y la construcción de la losa de cimentación del edificio terminal”, anunció la ASF.
Otra obra de retrasado considerable es la construcción del Túnel Emisor Oriente, localizado en la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y que está dentro de la Cuenca del Valle de México.
Esta construcción comenzó en agosto de 2008 y debió concluirse a mediados de 2012; sin embargo, hasta diciembre de 2016 el avance era menor al 70 por ciento y se prevé concluir la obra en agosto de 2018.
Un caso similar es el proyecto carretero Acayucan-La Ventosa, con una longitud de 182 km entre los estados de Veracruz y Oaxaca. Esta obra inició en 2006; a diciembre de 2016 se tenía un avance de 80 por ciento y se proyecta que finalice en 2017. El atraso está relacionado con la falta de liberación de derecho de paso por conflictos sociales.
Otro proyecto cuestionado es el de la rehabilitación de las plantas de urea, ácido nítrico y, nitrato de amonio de Agronitrogenados, en Pajaritos, Veracruz. Inicialmente, este proyecto del sector energía, estimó un costo por 195 millones de dólares y su conclusión para su puesta en operación en abril de 2016; no obstante, al momento de la fiscalización de dicha obra se observó que este costo se había duplicado a 443 millones de dólares, mientras que el periodo de ejecución se modificó hasta marzo de 2017. En noviembre de 2016, la obra tenía un avance del 60 por ciento.
Entidades y programas bajo lupa
En esta lista negra también destacan algunos estados del país que han sido observados por subejercicios o que siguen con pendientes para solventar montos millonarios desde 2011
En este segundo, caso destacan Veracruz, Michoacán, Estado de México, Jalisco y Chiapas. Respecto a las entidades con más subejercicios, destacan la Ciudad de México, Baja California Sur, Durango, Aguascalientes y nuevamente el Estado de México.
“La existencia de recursos no ejercidos o no aplicados con oportunidad es injustificable ante carencias sociales apremiantes, como la insuficiente disponibilidad de medicinas en las unidades de salud, personas sin acceso a servicios básicos, infraestructura educativa en condiciones inadecuadas y población que debe seguir en espera para la atención de sus demandas de servicios, entre otras situaciones”, detalla la Cuenta Pública.
Respecto a las auditorías al gasto federalizado, donde se incluyen a las entidades federativas, la Cuenta Pública 2015 da cuenta que el Seguro Popular concentra la mayor proporción del monto observado, situación igualmente registrada en la Cuenta Pública 2014, en la que significó el 20.3 por ciento, lo que manifiesta la existencia de problemas estructurales en la gestión de ese programa .
Auditoria forense
La Cuenta Pública 2015 registró 14 auditorías forenses, la cuales consisten en la revisión rigurosa, pormenorizada y crítica de los procesos, hechos y evidencias derivados de la fiscalización, para la investigación y documentación de un presunto ilícito.
Estas auditorías están concentradas en la Sedesol, Sagarpa y en universidades. Un caso de un presunto desvío se detectó en la Secretaría de Desarrollo Social, en el Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, Baños Ecológicos, donde se determinaron recuperaciones probables por 240 millones 262 mil pesos.
“Con los pagos en exceso por la adquisición de los baños ecológicos del programa de desarrollo de zonas prioritarias, la secretaría dejó de realizar obras de infraestructura social necesarias para mejorar la calidad de vida de la población que vive en esas zonas, obras necesarias en las zonas de atención prioritaria rural y localidades marginadas, donde la carencia de los servicios básicos, la calidad de espacios de vivienda y la infraestructura básica, es alta.
Los montos desviados pudieron privilegiar entre otros programas, la construcción y equipamiento de hospitales, la compra de medicamentos, el mantenimiento de aulas, la adquisición de tecnología forense para fortalecer áreas de investigación y procuración de justicia, que hoy día, la sociedad padecen agravios significantes derivado de la carencia de esta infraestructura básica, en zonas marginadas, para atender las demandas sociales”, concluye la Cuenta Pública 2015.
Las subvenciones y el Ramo 23
Otro rubro que es cuestionado años con años es el de las “subvenciones” que reciben las bancadas en la Cámara de Diputados y las “asignaciones a los grupos parlamentarios” en el Senado.
En estos casos, la ASF ha dicho que no se contó con la información que permitiera evaluar la razonabilidad del gasto, o bien, comprobar que los recursos se ejercieron para llevar a cabo los trabajos legislativos.
En 2015, el Congreso mexicano olvidó justificar más de 2 mil 950 millones de pesos. En San Lázaro el faltante fue de mil 742 millones 978 mil pesos y en la cámara alta fue de casi mil 207 millones de pesos.
El mismo cuestionamiento se repite con la mayoría de programas que se etiquetaron en el Ramo 23, lugar en el Presupuesto de Egresos de la Federación donde los diputados destinan recursos que son usados para “moches”.
En los últimos años se han incrementado las críticas de las organizaciones de la sociedad civil, quienes han buscado por la vía legal obligar la transparencia del destino de los recursos del Ramo 23, donde los legisladores etiquetan el dinero para “moches”.
En 2015, por ejemplo, el “Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal” generó un posible quebranto de casi 25 millones de pesos, correspondiente principalmente a recursos no transferidos a los municipios beneficiados.
En el caso del Fondo de Infraestructura Deportiva, en 2015 se generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 145 millones 730 mil pesos.
Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que 30 entidades federativas reportaron a la UPCP de la SHCP la información trimestral de los proyectos, incluyendo los avances físicos y financieros; sin embargo, los estados de Baja California Sur y Yucatán no reportaron el avance financiero.