La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) deberá buscar y entregar versión pública de todos aquellos documentos que dan cuenta de las actividades del personal militar del 27 Batallón de Infantería, entre el 25 y el 30 de septiembre de 2014, relacionados con el caso Ayotzinapa, resolvió el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI).
En respuesta a la particular que solicitó esa información, la Sedena se declaró incompetente y la orientó a presentar su petición ante la Procuraduría General de la República (PGR), argumentando que los hechos referidos son objeto de una averiguación previa que integra dicha dependencia y en la que el personal militar sólo coadyuva en calidad de testigo, informó el IFAI a través de un comunicado.
La solicitante se inconformó y presentó un recurso de revisión ante el IFAI, turnado a la ponencia del comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov, mediante el cual señaló que lo ocurrido en Ayotzinapa es considerado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos como un caso de violaciones graves a los derechos humanos, por lo que es importante conocer la participación de los militares en ese contexto.
La Sedena manifestó que los documentos requeridos son inexistentes, en razón de que en esos hechos delictivos no hubo intervención de personal militar y la investigación está a cargo de la PGR.
Aunque el comisionado Monterrey Chepov advirtió que de acuerdo con la normatividad aplicable, la Sedena está facultada para trabajar de manera conjunta en asuntos de seguridad pública con otras dependencias, como la PGR, no sólo en calidad de testigo, sino de manera activa.
El comisionado concluyó que la Sedena es competente y está en posibilidad de emitir un pronunciamiento formal sobre lo solicitado, pues existen elementos suficientes que dan cuenta de su participación en el seguimiento a los hechos acaecidos en Guerrero, y que permiten suponer que, en su momento, generó informes sobre dichos sucesos.
Al presentar el caso ante el Pleno del IFAI, el comisionado Monterrey Chepov aseguró que la difusión de esta información permite valorar el desempeño de la autoridad y da oportunidad a los ciudadanos de calificar si ésta actuó en el ejercicio de sus atribuciones o pudo ser omisa, indiferente o, incluso, negligente. De ahí, que los primeros interesados en aclarar su grado de participación o no deben ser los sujetos obligados, como la Sedena, que tienen en el ámbito de su competencia la seguridad y la conservación de la paz pública.
Por lo tanto, el Pleno del IFAI revocó la respuesta de la Sedena y le instruyó buscar y entregar a la recurrente versión pública de los documentos de su interés, en la que sólo podrá eliminar aquellos datos personales de las víctimas directas o indirectas, por tratarse de información confidencial, de conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG).
El Pleno determinó también que, en el caso concreto, la dependencia no podrá invocar la reserva de la información, prevista en el artículo 13, fracción V, de la LFTAIPG, aún y cuando esté inmersa o vinculada con la averiguación previa que integra la PGR con motivo de los hechos sucedidos en Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre de 2014, porque existe un interés público superior por conocer toda la información que transparente el actuar de las autoridades en el caso.
Con información de El Universal.
kach