Durante la segunda audiencia de la delegación de nuestro país ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), integrantes del organismo internacional cuestionaron al Estado mexicano respecto a los avances logrados en materia de desaparición forzada.
Los comisionados Rosa María Ortiz y Paulo Vannuchi inquirieron cómo hará el gobierno para desmantelar la corrupción que hizo posible la desaparición forzada de 43 normalistas en Iguala, Guerrero.
Además, cuestionaron la forma en la que se vincularán con familiares y organizaciones para que éstas vigilen y comprendan los avances en el combate al delito.
Por parte de la delegación mexicana, Carlos Pérez, enumeró diferentes acciones entre las que destacó que la delincuencia en el país se combatirá por medio de un reconocimiento de la gravedad del problema, de la construcción de un marco legal, y la aplicación de acciones concretas incluidas en el decálogo de seguridad presentado en noviembre por el presidente Enrique Peña Nieto.
En tanto, la representante de la Procuraduría General de la República (PGR) Rosa Linda Salinas, dijo que esa dependencia implementará la base de datos mórtem/post mórtem, que operará en todas las procuradurías, fiscalías y servicios del país a finales de 2015 e informó que ya se han desplegado 95 laboratorios móviles, de los cuales 30 tienen especialidad genética.
Indicó que las procuradurías integrarán las bases de información genética de todas las entidades; la creación de la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas de PGR, y el fortalecimiento del Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas.
Además, la coordinadora de asesores de la Secretaría de Gobernación, Noemí Festiinher, destacó esfuerzos como la reforma al sistema de justicia, la reforma constitucional en Derechos Humanos, así como la aprobación de las leyes de Amparo y la General de Víctimas.
Al tomar la palabra representantes de las víctimas de la violencia chocaron con las presentaciones de los integrantes del gobierno federal pues presentaron a México como "un cementerio enorme" de desapariciones forzadas, o como una nación aquejada en ciertas partes de su territorio por instituciones débiles, fosas comunes y más de 26 mil desapariciones.
"México se ha convertido en un enorme cementerio de norte a sur y de este a oeste", denunció Gabino Gómez, del Centro de Derechos Humanos del Estado de Chihuahua.
Ante esta postura, el embajador de México ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Emilio Rabasa, señaló que "este tipo de generalizaciones no ayudan a la precisión e identificación del problema. El problema de la desaparición forzada no es un problema en todo el país. Sí es un problema agudo que el gobierno mexicano está tratando de resolver con medidas sin precedentes".
Al final de la audiencia, se entregó el borrador del Protocolo Homologado de Investigación del Delito de Desaparición Forzada el cual, dijeron, se trabajó en conjunto con organizaciones de víctimas, y estaría por aprobarse en la siguiente Conferencia Nacional de Procuradores.
Tres víctimas de desaparición forzada insistieron ante la CIDH sobre el grado de impunidad, desatención y sufrimiento que enfrentan en México para buscar a sus familiares desaparecidos.
Lamentaron que las autoridades no están buscando a sus familiares, que no hay investigaciones abiertas, y que ninguno de los responsables de las desapariciones forzadas ha sido detenido.
En tanto, Viviana Krsticevic, directora ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, solicitó a la CIDH que visite el país para profundizar sus investigaciones sobre desaparición forzada, y que dé seguimiento a las sentencias, medidas cautelares e informes que emite al Estado mexicano.
Asimismo, urgió a que se desarrolle una política integral de búsqueda cuyo objetivo sea encontrar a los desaparecidos, prevenir y sancionar el delito, y reparar el daño a las víctimas.