En un acto de compromiso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Procuraduría General de la Republica (PGR) dijo que haría una nueva investigación en torno a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, misma que se señaló, estaría lista en seis meses.
Irene Herrerías, subprocuradora de Derechos Humanos de la PGR, afirmó que el compromiso se extiende a los padres de los desaparecidos, y que estos compromisos tendrán sustento en un cronograma de nueve puntos que entregaran en noviembre próximo.
En entrevista con Televisa, Herrerías apuntó:
“El procurador general de la República les planteó la necesidad y el ofrecimiento de la PGR de seguir con todas las líneas de investigación y presentar un cronograma sobre los puntos que el mecanismo de la CIDH planteaba como prioritarios. Se presentó entonces, al día siguiente con la CIDH, un cronograma con nueve puntos y en los tiempos de aquí a noviembre que se van a ir cumpliendo”
El fiscal para el caso Ayotzinapa, Alfredo Higuera Bernal, dijo que el cronograma contempla entre otras cosas:
1.- Cumplimentar siete órdenes de aprehensión en contra de civiles e integrantes de las fuerzas policiales, que aún están pendientes,
2.- Continuar con la línea de investigación de la presunta participación de elementos de la Policía Federal y de militares,
3.- Investigar el actuar de los servidores públicos que estaban en el C4 del municipio de Iguala el día de los hechos y
4.- Ampliar el rango de búsqueda a 60 kilómetros, para tratar de localizar más fosas.
Precisó que se efectuarán “vuelos y vendrá en seguida el análisis de las imágenes para poder establecer los puntos que habrá que ir a revisar de manera directa, píe-tierra, como se denomina” en las zonas adyacentes a Iguala.
Agregó que al inicio el rango de búsqueda fue de mil metros cuadrados, donde se localizaron cien lugares, “en esta ocasión, los propios padres pidieron que el área de aplicación del ‘lidar’ sea ahora y, esto es mucho más extenso, en una zona de aproximadamente 60 kilómetros cuadrados”, aseveró.
Higuera enfatizó en que la PGR tiene documentados dos casos positivos de tortura contra algunos de los detenidos por el caso Iguala, pero aclaró que éstos hechos no tirarán la investigación.
“Algunos de los procesados adujeron haber sido objeto de tortura… No hace mucho se informó de ocho resultados, en concreto. De esos protocolos, seis resultaron negativos, dos resultaron positivos”.
“La consecuencia, vamos a decirlo natural, de una declaración obtenida bajo tortura es la nulidad de esa declaración, no necesariamente que se deje sin efecto el conjunto de actuaciones o elementos de prueba que haya en un caso”, añadió.