El pasado 29 de abril, el presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, compartió a través de su cuenta de Facebook y compartió a distintos medios de comunicación “la carpeta azul”, documentos en los que denuncia al gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, detallando distintos actos de corrupción de 2006 a 2010.
La carpeta contiene notas informativas, documentos oficiales, copias de contratos, de registros públicos de la propiedad de la Ciudad de México, Estados Unidos y Veracruz, así como de denuncias penales en su contra por enriquecimiento ilícito y pederastia; las irregularidades que derivaron en el daño al presupuesto público de Veracruz, del saqueo a las arcas del ISSSTE del que fue director entre 2006 y 2010, así como documentos que comprueban la existencia de las cuatro empresas operadas por su hijo en España, las cuales dejaron de operar en 2012.
Asimismo, la carpeta enumera las propiedades de Yunes Linares, las cuales son un condominio de 45 millones de pesos en Alvarado, Veracruz; una casa en la Ciudad de México en el número 42 de El Pedregal de 960 metros cuadrados, valuada en 30 millones de pesos; una casa de 450 metros cuadrados en Coatepec, Modelos, con un valor de 15 millones de pesos; una casa en el Club de Golf, donde también se ubica la casa de su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez. Otras propiedades son bodegas, terrenos, despachos y locales comerciales.
También cuenta con dos departamentos registrados en Estados Unidos, localizados en Florida y Nueva York.
Por otra parte, detalla que las empresas Vault Investments Sociedad Limitada, Nero Investments, Feles Investments y Maximilian Investments, localizadas en Oviedo, España son propiedad de Omar Yunes Márquez, hijo del gobernador panista.
De igual forma, aparecen irregularidades en el ISSSTE del 2006 al 2009 y los resultados de la Auditoría Superior de la Federación que incluyen el año 2010, cuando deja la dirección general para buscar y ganar por primera vez la gubernatura de Veracruz.
En el 2007, la ASF detecta que en la Subdirección Jurídica de este instituto, de enero a diciembre de ese año, se pagaron 205 millones 525 mil 900 pesos por sentencias en materia pensionarias de mil 249 juicios.
“Lo anterior cobra relevancia porque el hecho de que las 14 personas responsables de la atención a juicios fiscales en materia de pensiones, solamente seis contaban con el grado de licenciado en Derecho, mientras que seis no contaban con el perfil requerido para ocupar el cargo, lo cual influyó en el hecho de que el ISSSTE haya tenido que pagar más de 200 millones de pesos en juicios perdidos”, señala.
La ASF también detecta también un importe por 248 millones 442 mil 900 pesos correspondientes al saldo de 12 mil 649 créditos a derechohabientes que se tienen registrados en cartera vencida y vigente en 2007-2008 que fueron otorgados de 1980 a 1996 de las cuáles existió el riesgo de que prescribiera el cobro.
Encuentra además un importe por 287 millones 444 mil 500 pesos correspondientes a 19 mil 534 préstamos vencidos, de los cuales durante la gestión analizada no se realizaron las acciones administrativas y legales para su recuperación.
Presume asimismo “un probable daño o perjuicio al Estado” por descuentos aplicados a las facturas de los servicios de vigilancia y limpieza por 176 mil 246 pesos “por inasistencias justificadas con fatigas alteradas y autorizadas por los gerentes de las unidades de venta”.
Agrega que de lo anterior se deriva un monto de 688 mil 600 pesos por penalizaciones no aplicadas a la empresa Conaseg de México S. de RL de CV, dinero que el Sistema de Tiendas y Farmacias del ISSSTE dejó de percibir.
En 2008, la ASF reportó 82 dependencias y entidades de nivel central que tenían adeudos con el ISSSTE, como las secretarías de Educación de las 31 entidades, el gobierno capitalino, la PGR, la UNAM y el IPN que en conjunto el adeudo ascendía a 662 millones 426 mil 300 pesos.
“Y aunque en 2009 se recuperó parte del adeudo, la ASF determinó que el ISSSTE no obtuvo las cuotas o aportaciones necesarias para brindar atención de calidad a sus derechohabientes”, señala.
En 2008 registró un déficit de operación en el Fondo de Salud por 9 mil 925 millones de pesos, dos veces más que los 4 mil 756 millones de pesos registrados en 2007, “el cual fue cubierto por transferencias realizadas por el gobierno federal”´, a cargo del panista Felipe Calderón.
Otra irregularidad se reportó en el Hospital Regional “Valentín Gómez Farías” que adquirió a la empresa “Droguería y Farmacia El Globo SA de CV” 571 piezas de 18 claves de medicamento por 4 millones 56 mil 200 pesos con un contrato de subrogación, pero en 110 piezas de medicamento por 389 mil 929 pesos no procedía la subrogación porque estaban en existencia, lo cual derivó en una promoción de responsabilidad administrativa sancionaría para los servidores públicos porque no se realizaron las acciones para surtir 18 claves de medicamento, lo que ocasionó que dicho nosocomio subrogara el servicio con un costo superior a la muestra auditada de 2 millones 318 mil 900 pesos.
Con información de Proceso