Quienes deciden llevar a los civiles a los tribunales militares son los funcionarios de la Fuerza Armada Nacional. Los detienen y son puestos a la orden de un fiscal militar. El tribunal lo improvisan dentro del propio comando, incluso en un comedor se ha llegado a armar el sitio del juicio. En la audiencia no hay civiles excepto por el imputado; todos los demás son uniformados con armas.
Esa es la situación que describe el director ejecutivo de Foro Penal, Alfredo Romero, y que -denunció- se ha registrado en los comandos militares desde el mes de abril. Solo en los últimos días, el representante de la ONG para la defensa de los derechos humanos informó que un total de 115 civiles han sido sometidos a la jurisdicción militar en Carabobo.
“En todo el mes de abril hay un total de 11 personas presentadas y juzgadas: ocho son del estado Lara, de las cuales seis fueron llevadas a Ramo Verde”, explicó Romero. Advirtió que la situación ha empeorado en el estado Carabobo tras las declaraciones del mayor general Antonio José Benavides Torres, comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, quien informó el jueves 4 de mayo que el “Plan Zamora activó la justicia militar para mantener paz y seguridad” en la entidad.
El fin de semana pasado, el mayor general Jesús Suárez Chourio, jefe de la Región Estratégica de Defensa Integral (Redi) Central informó que un total de 251 civiles fueron puestos a la orden de tribunales militares en territorio carabobeño. Los delitos por los que los civiles—manifestantes en las protestas de la oposición— fueron imputados son: ataque al centinela y asociación para la rebelión.
De acuerdo con el Código Orgánico de Justicia Militar, la rebelión militar es penada de 24 a 30 años de presidio. Así lo señala el artículo 479 de referida normativa. Para quienes instiguen la rebelión, el artículo 481 especifica que serán castigados “con prisión de cinco a diez años y expulsión de las Fuerzas Armadas”.
Sin embargo, agredir a un policía o atacar a un centinela implica una pena aún mayor. El código estipula entre 14 y 20 años de presidio para quienes incurran en este delito.
Para Romero, juzgar a un civil en un tribunal militar es una violación al debido proceso, artículo 49 contemplado en la Constitución. Además, precisó que los manifestantes que están siendo puestos a la orden de la jurisdicción militar incurrieron en delitos que difícilmente se acercan a la gravedad de los que les fueron imputados.
“Los hechos por los cuales estas personas han sido detenidas son supuestos saqueos y alteración del orden público, mientras que los que se les imputan son delitos como la instigación a la rebelión”, indicó.
El director de la ONG Acceso a la Justicia, Alí Daniels, advirtió que la imposición de la jurisdicción militar es un endurecimiento de la represión y aseguró que con esta medida se busca enviar un mensaje a los manifestantes. “El Ejecutivo no se siente seguro de la Fiscalía o de los tribunales y, ante la duda de los jueces, prefiere irse por la vía militar”, dijo.
Recordó que la fiscal general Luisa Ortega Díaz ha tomado distancia de las acciones de las fuerzas de seguridad del Estado en cuanto al control de las manifestaciones y ha denunciado irregularidades en el proceso de detención por parte de los uniformados.
“La utilización de la jurisdicción militar no tiene el objetivo de que el tribunal sea militar, sino de que el fiscal lo sea, pues los civiles no están siguiendo las instrucciones del Ejecutivo, sino que liberan a las personas porque no consiguen suficientes elementos para mantenerlas detenidas”, aseguró el director de Foro Penal.
Cortesía de Efecto Cocuyo