El presidente de la República, Nicolás Maduro, extendió el estado de excepción y de emergencia económica en todo el territorio nacional por séptima vez, en medio de un contexto de protesta iniciado el 1 de abril, luego de que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia emitiera las sentencias 155 y 156, que le quitaban competencias a la Asamblea Nacional.
En Gaceta oficial del día 13 de mayo se anunció el decreto, que le permite al Presidente de la República tomar decisiones sin consultar al Parlamento, sobre temas vinculados al abastecimiento en el país. El Poder Ejecutivo, con este decreto, puede intervenir empresas privadas y públicas para garantizar que el sistema distributivo del país funcione.
El 14 de enero del 2016 se anunció por primera vez la medida, nueve días después que se juramentó a la nueva Asamblea Nacional de mayoría opositora, que desaprobó la medida.
La mayoría de parlamentarios desde el primer día han denunciado al decreto de ser un instrumento político del Gobierno nacional para su provecho, y que es inútil para resolver el problema de desabastecimiento en el país.
El Tribunal Supremo de Justicia avala cada uno de los decretos emitido hasta ahora, pese al reclamo del Poder Legislativo.
Desde el 2016, el TSJ y la Asamblea Nacional mantienen un conflicto, luego que el Poder Judicial declarara en desacato al parlamento, mientras continuara su intención de mantener a los diputados del estado Amazonas, cuya elección fue impugnada por facciones oficialistas que denunciaron un fraude electoral en la entidad.
Con la cortesía de Efecto Cocuyo
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