MADRID.- La Guardia Civil española ha detenido hoy a 51 personas, entre ellos varios alcaldes y el ex consejero de Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, en una operación anticorrupción dirigida por la Audiencia Nacional.
En una nota informativa, la Fiscalía Anticorrupción indicó que la “Operación Púnica” se realiza en varios ayuntamientos, la comunidad de Madrid, Murcia, las provincias de León, Valencia, por la adjudicación de obras públicas a cambio del cobro de comisiones ilegales.
En total, suman 51 detenidos en esas cuatro provincias, 259 mandamientos a Registros de la Propiedad con peticiones de anotaciones preventivas de prohibiciones de disponer, vender, gravar o enajenar de las personas físicas y sociales investigadas, para iniciar las acciones de recuperación de activos.
Asimismo, se han registrado 400 mandamientos dirigidos a entidades bancarias y compañías aseguradoras acordando los bloqueos de cuentas corrientes, valores, y cualquier otro producto con la prohibición expresa de realizar cualquier movimiento de fondos.
La operación también suma 30 embargos preventivos de Vehículos de alta gama de los principales investigados.
Entre los detenidos destacan el ex consejero de Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, considerado número dos de Esperanza Aguirre en sus años como presidente del gobierno regional, así como ex secretario general del Partido Popular madrileño.
Granados dimitió hace ocho meses como diputado del PP en la Asamblea de Madrid y como senador tras hacerse público que había tenido una cuenta bancaria en Suiza, en la que habría acumulado 1.5 millones de euros.
Otros detenidos son el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez; los alcaldes de las localidades madrileñas de Valdemoro, José Carlos Boza; de Collado Villalba, Agustín Juárez, de Parla, José María Fraile (del Partido Socialista Obrero Español).
En la Comunidad de Madrid suman cuatro alcaldes del PP, uno del PSOE y uno independiente, por lo que las dos primeras fuerzas políticas ya anunciaron la suspensión de militancia de los indiciados.
La Fiscalía Anticorrupción precisó en su nota que la connivencia entre funcionarios y empresarios tuvo un resultado de 250 millones de euros tan sólo en los últimos dos años, en perjuicio de las haciendas autonómicas y municipales.
Recalcó que la investigación se inicio gracias a una petición de Suiza para cerrar unas cuentas bancarias por sospechas de lavado de dinero, y que para ello se investigara en España las operaciones vinculadas.
Los detenidos son señalados de presuntos delitos como lavado de dinero, falsificación de documentos, delitos fiscales, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales.
Además, a algunos se les imputan prevaricación, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a funcionarios, fraudes contra la administración y organización criminal.
bvn