La Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México (ALDF) realiza sesiones secretas de las que no existe registro que permita a los ciudadanos saber cuándo y qué discuten, ni a qué acuerdos llegas los diputados capitalinos; con estas prácticas violan su propia ley, su reglamento y los preceptos de Parlamento Abierto.
Dicha Comisión de Gobierno es el organismo rector del Poder Legislativo capitalino, la cual decide la repartición de recursos para bancadas y comisiones de la ALDF, actualmente es encabezada por el perredista Leonel Luna.
Ante una solicitud de transparencia, solicitada por Reforma, sobre versiones estenográficas de todas las reuniones que ha sostenido el grupo rector de la ALDF, el diario recibió la siguiente respuesta.
“Hago de su conocimiento que no es posible atender la solicitud, toda vez que por acuerdo de los diputados integrantes de la Comisión de Gobierno no se graban las sesiones”, dicta la respuesta firmada por el secretario técnico de la comisión, Luis G. Sánchez Caballero Rigalt.
Sin embargo, la respuesta deja en evidencia que los legisladores locales violan la Ley Orgánica y el Reglamento Interior de la Asamblea, así como los acuerdos de Parlamento Abierto que los diputados adoptaron en 2013.
Al respecto, el coordinador del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, el doctor Khemvirg Puente, manifestó que “la Comisión de Gobierno de la Asamblea es el mejor ejemplo del Parlamento Opaco”.
“Es el mejor ejemplo de cómo no se debe legislar y cómo no se deben hacer las cosas en una legislatura democrática”, remató.
El Artículo 67 de la Ley Orgánica de la ALDF prevé que se realicen todas las reuniones de trabajo de las comisiones sean públicas, excepto si se llegó a un acuerdo de que se alguna de ellas sea privada.
En junio de 2013, la legislatura anterior que encabezaba por Manuel Granados, los diputados capitalinos firmaron un Acuerdo de Colaboración con Transparencia Mexicana, para que la ALDF se convirtiera en una Parlamento Abierto.
A su vez, Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, indicó que “están violentando disposiciones administrativas como el que todo acto de Gobierno debe estar fundado y motivado, es decir, debe haber un documento que respalde la decisión que se tomó”.
lrc