En la Ciudad de México se realizan 300 desarrollos inmobiliarios. Muchos de ellos ocasionan colapso en los servicios de las colonias aledañas. Derivado de ello y ante la posible aprobación de un nuevo Plan de Desarrollo Urbano, vecinos de las 16 delegaciones formarán un frente, que dará batalla a las obras irregulares en la ciudad.
El frente pretende defender el espacio público de la Ciudad de México, vincular, entre sí, las luchas de los vecinos de las 16 delegaciones, informar con oportunidad sobre los desarrollos inmobiliarios irregulares, brindar asesoría jurídica a los vecinos, impedir la aprobación del Programa General de Desarrollo Urbano, realizar actos de resistencia civil pacífica y declarar una moratoria urbana.
El Plan de Desarrollo Urbano que propone el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera y que está en la Asamblea Legislativa para su discusión y posible aprobación, tiene una gran cantidad de errores que violan los derechos humanos de los vecinos de esta ciudad, aseguró Susana Canahuati, integrante de la Unión de Colonos de San Ángel.
“Lo hemos manifestado, cada una de las organizaciones, comités, pueblos y barrios han entregado documentos en rechazo a este plan porque de ser aprobado darían viabilidad a todo aquello que estamos denunciando, que es ilegal, que está pasando por encima de nuestra calidad de vida y de los que vienen”.
Una de las principales premisas, dijo, de ese programa es que el que pague por el espacio, va a tener el derecho de usarlo, “cuando hoy ya no tenemos permeabilidad para el agua. Como está planeado tal cual es un plan de desarrollo urbano hecho exclusivamente para el comercio de la ciudad”.
Indicó que no pueden permitir que un programa que promueva el desarrollo urbano al por mayor sea aprobado. “Lo que quieren es ceder esta ciudad al cartel inmobiliario”.
Explicó que los más afectados, en caso de avalarse, serán los pueblos y barrios originarios, las áreas de conservación y el patrimonio de la capital.
“Es importante entender la gravedad que viene si pasa (el plan) como quiere el gobierno, por eso, todas las organizaciones, pueblos, barrios, vecinos en general nos hemos manifestado en contra, y estamos en la lucha de que se tiene que hacer una ciudad con planeación. En cambio todos los días vivimos un caos. La ciudad de los palacios se está convirtiendo en la ciudad de la corrupción inmobiliaria, por eso es importante parar esto”, sentenció.
Vicente Arredondo de la cooperativa Palo Alto de la delegación Cuajimalpa, reiteró que tanto el plan como los 16 programas delegacionales que contiene la iniciativa, no protegen a la clase popular de la ciudad.
“Vemos el desmedido aborazamiento de las inmobiliarias en comparsa con las autoridades en turno y ahora quieren aprobar algo que no fue consultado por los vecinos”.
Explicó que su comunidad está en la lucha porque los quieren desplazar y en su lugar construir dos complejos inmobiliarios.
“Tenemos el problema que nuestra comunidad en el kilómetro 14 de la carretera a Toluca nos quieren plantar dos torres de departamentos de 46 niveles, el cual no está permitido por el plan parcial de desarrollo de 1997”.
En tanto, Víctor Juárez habitante de la San Miguel Chapultepec, destacó que es indispensable entender la planeación como una herramienta para darle respuesta a una ciudad viva, que es el desarrollo inmobiliario, la movilidad, los servicios y todo bajo el enfoque desde los derechos humanos fundamentales.