La secretaría de Seguridad Pública detectó un grupo de 57 atacantes cibernéticos en el Centro de Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) contratados durante la administración del ex gobernador Guillermo Padrés.
De acuerdo con el titular de esta dependencia, Adolfo García Morales, cada uno de uno de estos servidores públicos encargados de ensalzar y defender la imagen del ex gobernador Padrés, recibía un pago mensual de 12 mil pesos más prestaciones.
El gobierno estatal erogaba mensualmente 8.2 millones de pesos en estos ‘trolles’. Al final del sexenio, la cifra aumentó a 49.2 millones en pagos a los ‘bots’, quienes tenían como primordial encomienda a los críticos del panista.
Se encontraron a estas 57 personas en labores no propias del C4, contratados como supuestos operadores, de nivel 8, pero no tenían labores específicas del organigrama, afirmó.
A cargo de C4 se encontraba Javier Dagnino, cuñado del ex mandatario Padrés y actual diputado panista por el Sexto distrito local, quien negó cada uno de los señalamientos.
Cabe aclarar que el titular del C4 no está facultado para realizar contrataciones, cambio de niveles, ni adscripciones, los movimientos laborales los ejecuta el titular de la Coordinación Estatal de Tecnología y Estudio por conducto de la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública, defendió el legislador mediante un comunicado.
En el pasado sexenio no fueron pocos los comunicadores atacados por estos ‘ciberporros’, entre ellos se encuentra Arturo Soto, por difundir las acciones emprendidas por el grupo autodenominado “Malnacidos”.
En esa lista de agraviados también se encuentra el director de noticias de la cadena Uniradio, Luis Alberto Medina, quien fue víctima de comentarios homofóbicos emitidos a través de Twitter por parte del exsecretario de Imagen Institucional, Javier Alcaraz, señalado como uno de los líderes de los ‘ciberpandilleros’.
El acoso a representantes de la prensa rebasó el espacio virtual. El reportero Germán Contreras fue visitado en su casa y le enviaban fotografías a través de Twitter. El agravio consta en una denuncia interpuesta ante la Procuraduría General de la República (PGR).
El jefe de seguridad García Morales, mencionó que en términos generales podría resumir que esta dependencia se encontró desorganizada, operada con falta de ética y dispersión en el manejo de recursos públicos, pues se detectó un quebranto financiero de 75 millones de pesos.
Con información de Proceso
kach