25 de Mar de 2017 Actualizado 21:23
Opinión

La gobernanza en Internet y la vigilancia

El informe evidencia la existencia de un mercado negro en donde se ofrecen servicios de intervención activa de comunicaciones privadas.
SOBRE EL AUTOR
Actualmente es Coordinadora de Advocacy del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (www.observacom) e integrante del Consejo Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Comunicadora social y analista de medios de comunicación. Ha sido presidenta de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) y de la Asociación Civil Comunicación Comunitaria, docente en la Universidad Internacional de la Mujer en Hamburgo, Alemania,  becaria de la Fundación Ashoka, miembro del Consejo Ciudadano del Instituto Mexicano de la Radio, del Consejo Consultivo de Oxfam México y del Consejo Consultivo de la Organización International Freedom Expression Exchange de Canadá. Coautora de diversos libros entre los que se encuentran  No más medios a medias. Participación ciudadana en la revisión integral de la legislación de medios electrónicos y Con Permiso. La radio comunitaria en México. Desde 2002 ha participado como articulista en revistas especializadas en el análisis de los medios en México y en otros países de América Latina y Europa.     

El Foro para la Gobernanza de Internet (IGF por sus siglas en inglés) es un espacio creado por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y tuvo su última edición en México del 5 al 9 de diciembre pasados en Zapopan, Jalisco. El IFG es el evento más relevante a nivel global y tiene como propósito ser un espacio de diálogo entre organismos internacionales de derechos humanos, gobiernos, academia, sociedad civil y empresas para fomentar un diálogo multisectorial para abordar el estado de la cuestión de Internet con miras a influenciar políticas tanto en el sector público como en el privado, sin embargo, tuvo muy poca resonancia en la agenda de los medios en el país.

 

Como suele ocurrir en cada edición del IGF, organizaciones civiles tanto nacionales como internacionales realizan eventos para plantear las preocupaciones entorno a la agenda de gobernanza en Internet, una de ellas tiene que ver con el incremento de herramientas de vigilancia que ponen en riesgo la protección de datos personales y del derecho a la privacidad de los usuarios de la red, que implica a gobiernos y empresas. México no es la excepción.

 

La documentación que han realizado algunas organizaciones en este terreno sostienen la validez de esas preocupaciones veamos porqué.

 

Vigilancia fuera de control, las autoridades

 

La Red por la Defensa de los Derechos Digitales (R3D) presentó nuevamente en un evento abierto el informe “El Estado de la Vigilancia: Fuera de Control”, que documenta la interceptación arbitraria de las comunicaciones privadas y el uso de malware de vigilancia para silenciar a periodistas y opositores políticos. De acuerdo a sus cifras el 99 por ciento de las autoridades mexicanas intervienen comunicaciones privadas y obtienen metadatos de usuarios y su geolocalización en tiempo real de manera ilegal por cuanto no existen órdenes judiciales que lo autoricen.

 

También muestra que el uso intensivo de estas herramientas por parte de las autoridades no se reflejan en acciones concretas para hacer justicia, pues en más de 90 por ciento de las averiguaciones previas en las que se ha usado una medida de vigilancia no se ha ejercido ninguna acción penal.

 

La opacidad con las que se llevan a cabo estas acciones llevaron a esta organización a interponer un amparo porque el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) que se negó a dar información sobre el número de intervenciones que ha solicitado para vigilar a ciudadanos, bajo el pretexto de resguardar la seguridad nacional, esta determinación fue apoyada por el Consejero Jurídico de la Presidencia Humberto Castillejos, quien promovió un recurso de revisión para evitar que se acatara la resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) que obligaba al CISEN a informar a R3D el número de personas o dispositivos intervenidos en sus comunicaciones privadas durante 2014.

 

El asunto llego a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quién con 10 votos a favor y uno en contra, desechó el recurso del Consejero Jurídico de la Federación para impedir la revelación de datos estadísticos sobre vigilancia, sentando un importante precedente no solamente para la transparencia y la rendición de cuentas, sino también para contar con mecanismos de control ciudadano ante posibles abusos.

 

Vigilancia fuera de control, las empresas

 

Por su parte la organización denominada SonTusDatos que promueve y defiende los derechos a la privacidad y a la protección de datos personales de los usuarios de TIC’s y del Internet en México, elaboró y presentó un reporte para el Relator de la ONU, David Kaye, con información de diversos casos que revelan prácticas y procesos de empresas de telecomunicaciones en el país que vulneran derechos humanos.

 

El informe documenta la existencia de un mercado negro que especula con los datos personales de usuarios de los servicios de telecomunicaciones de manera ilegal a través de la intermediación de empleados corruptos y por la falta de medidas de seguridad adecuadas de las empresas para proteger los datos personales de sus clientes, a quienes algunas empresas se niegan a darles acceso a los metadatos que recolectan, tal como lo dispone en su segunda fracción el artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que reconoce los metadatos como datos personales a los que los titulares tienen el derecho a acceder a ellos y el acceso debe cumplirse otorgando una respuesta comprensible.

 

Además el informe evidencia la existencia de un mercado negro en donde se ofrecen servicios de intervención activa de comunicaciones privadas que se facilita porque cualquier persona que trabaje en un centro de atención a clientes de las empresas de telefonía móvil puede acceder a información confidencial que incluye, entre otras cosas la lista de llamadas entrantes y salientes, los detalles de mensajes de texto y datos personales de titulares de las líneas telefónicas. De acuerdo a sus evidencias este servicio se ofrece para líneas telefónicas de suscriptores de los operadores Telcel, Movistar y AT&T.

 

Aún más el reporte indica que este mercado negro del cual forman parte medular empleados de las empresas de telecomunicaciones, también se ofrece el servicio de geolocalización de dispositivos celulares con el cual se puede acceder en tiempo real a la geolocalización precisa de cualquier persona a través de su dispositivo de telecomunicaciones.

 

Como puede observarse en materia de gobernanza de internet y sus servicios derivados requieren de un diálogo intersectorial que debe ser facilitado por los estados en aras de cumplir con sus obligaciones de protección de derechos humanos de sus gobernados. Por eso considero errónea la conducta del gobierno federal en el marco del IGF, que en lugar de tomar en cuenta las preocupaciones de las organizaciones en los temas antes expuestos optó por la cerrazón ante la crítica. Así es imposible pensar y diseñar una política pública para el beneficio de todas y todos.

 

Esta columna regresará con sus colaboraciones en enero, les deseo un reparador descanso y un mejor año nuevo.

 

@callejag 

@OpinionLSR

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