HIDALGO (La Silla Rota).- Además de recibir, 14 días antes del cambio de poderes en Hidalgo, la patente de notario público número 9 en Tizayuca, Valentín Echavarría Almanza, secretario del Trabajo y Previsión Social en el gobierno de José Francisco Olvera Ruiz, obtuvo una pensión por jubilación de 38 mil 821 pesos mensuales en el Tribunal Superior de Justicia del estado (TSJ), autorizada por el expresidente Juan Manuel Menes Llaguno, que a su vez se hizo acreedor de la titularidad de la notaría 7, en el mismo distrito judicial.
El pago, confirmó a La Silla Rota el órgano judicial en respuesta a la solicitud de información 00250917, lo obtuvo mediante cheque normativo fechado el 14 de diciembre de 2016. El TSJ, además, dio a conocer que al momento de separación del cargo como magistrado presidente, Menes Llaguno recibió 128 mil 838 pesos como parte proporcional de aguinaldo.
Ambos están inmersos en el juicio de amparo 1078/2016 que interpuso el abogado Julio Gálvez Bautista por conflicto de interés en el procedimiento de asignación de nuevos fedatarios.
De 2010 a 2014, antes de ser designado responsable de la Secretaría del Trabajo, Echavarría Almanza fue presidente del Tribunal Superior de Justicia, a propuesta del entonces jefe del Ejecutivo Miguel Ángel Osorio Chong.
Aunque la Ley Notarial de Hidalgo –publicada el 18 de mayo de 1992 durante el gobierno de Adolfo Lugo Verduzco– establece en su artículo 35 que el notariado es incompatible con los cargos de elección popular, los de servidor público o de magistrados del TSJ, así como de procurador o agente del Ministerio Público, Olvera Ruiz otorgó quince días antes de que concluyera su mandato, el 17 de agosto, la titularidad de la notaría 23 de Pachuca a su fiscal, Alejandro Delfino Straffon Ortiz, y la de Tizayuca a Juan Manuel Menes.
Para que Menes, exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), fuera magistrado, el entonces mandatario envió una iniciativa de reforma al Congreso para modificar la ley, dado que era inelegible por tener más de 65 años de edad; también le entregó, en febrero de 2015, la medalla Fray Bernardino de Sahagún por su trabajo como historiador y cronista.
Straffon Ortiz, además de la patente, percibió 75 mil 512 pesos como parte proporcional de aguinaldo del 1 de enero al 2 de septiembre de 2016, cuando dimitió al cargo de fiscal.
Además de él, Francisco Olvera autorizó, contrario a lo que estipula la ley en su artículo 35, inciso II, notarías para el magistrado Enrique Ernesto Vieyra Alamilla, en Tula; Héctor Aldana Rodríguez, quien aparecía como director de área en la Secretaría de Gobierno.
El amparo que interpuso Gálvez Bautista es por el otorgamiento de 16 patentes, y siete cambios por permuta o de adscripción a exfuncionarios y miembros de la clase política estatal, entre quienes se encuentran Mario Souverbille González, ex coordinador jurídico, quien condujo el proceso del que fue beneficiado.