Ciudad de México (La Silla rota).- El candidato del PRI por la gubernatura de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, benefició a dos constructoras con la adjudicación de obras por 88 millones de pesos a través de contratos irregulares cuando fue alcalde de Torreón.
Según información de Reforma, en la sociedad de dichas de empresas figuran una funcionaria de Riquelme y los hermanos de ésta.
Se trata de Hilda Sánchez Hernández, quien figuró en el directorio en 2014 como Coordinadora de Programación de Auditorías de Torreón.
De acuerdo con el Registro de Comercio Público, en febrero de 2013 fue creada la empresa Anman Constructora y Asociados, con Sánchez como socia de otra mujer identificada como Claudia Marcela Mejía Rivadeneira.
Además, sus hermanos Beltsabeth Sánchez Hernández y Ángel Javier Sánchez Hernández son socios de Sistemas Constructivos Nacionales S.A. de C.V.
Las constructoras Sistemas Constructivos Nacionales y Anman Construcciones recibieron por lo menos 28 contratos que salieron de la Dirección General de Obras Públicas de Torreón, encabezada por Gerardo Berlanga Gotés, funcionario cercano de Riquelme y ex subsecretario de Obras Públicas de la Secretaría de Desarrollo Regional en La Laguna en tiempos del ex gobernador Humberto Moreira.
Te recomendamos: La bodega irregular de Riquelme, candidato a gobernador
Hasta la fecha, la empresa de los hermanos de la funcionaria registran más de 20 contratos por 74 millones 616 mil 275 pesos en Torreón.
A Anman Constructora y Asociados se le han otorgado 13 millones 446 mil 454 pesos en contratos para pavimentación, drenaje y agua, de acuerdo con Códigos de Obra obtenidos por el diario Reforma.
De los 88 millones que las dos empresas han recibido, casi 30 millones es dinero que proviene de fondos de la Federación.
Por el otorgamiento de estos contratos a estas compañías, el contralor municipal, Javier Lechuga Jiménez Labora, y el director de Obras Públicas de Torreón incurrieron en actos ilícitos, de acuerdo con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila.
La norma prohíbe autorizar contratos con quien desempeña un empleo, cargo o comisión del servicio público, o bien, con las sociedades de que dichas personas formen parte.
En la página de internet Coahuila Transparente se observa que desde 1994, Sánchez Hernández es empleada pública y que trabaja en la Administración Fiscal General.
Con información de Reforma
rgg