Puebla (La Silla Rota).- Raúl Jiménez Martínez, de 46 años de edad, es la identidad de la víctima de una presunta ejecución extrajudicial a manos de elementos del Ejército.
De acuerdo el diario Cambio, los padres de la víctima dieron a conocer la información personal de la víctima. Sin embargo, ninguna autoridad ha corroborado estos datos.
En entrevista, los padres del fallecido indicaron que su hijo se dedicaba al campo y afirmaron que no se dedicaba al robo de gasolina (huachicoleo) o estuviera involucrado con el crimen organizado, por lo que aseguraron desconocer el motivo por el cual fue presuntamente asesinado por los militares.
Familiares y amigos acompañarona los padres a poner una cruz en la calle tras pasar una semana de la muerte del joven y señalaron que desconocían a las personas con las que iba acompañado, además de no saber por qué se encontraba en ese lugar a altas horas de la noche.
Este día el diario Cambio difundió un video que muestra cómo aparentemente elementos del Ejército disparan en la cabeza a un presunto civil herido de Palmarito, Puebla, el pasado 3 de mayo cuando hubo un enfrentamiento armado con presuntos huachicoleros, en uno de los cuales los delincuentes habían utilizado como escudo a mujeres y niños.
Tras la difusión de un video en el que se observa a un militar disparar a la cabeza a un civil sometido en Palmarito, Puebla, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que la Fiscalía General de Justicia Militar realizará las investigaciones por lo que hace a los delitos del orden militar.
Advirtió que los hechos deben ser esclarecidos fehacientemente por el Ministerio Publico de la Federación, que lleva la investigación de los hechos, para determinar con precisión si corresponde al lugar y evento de referencia, así como si es auténtico o editado el video para deslindar responsabilidades.
La Sedena se refirió a la difusión en redes sociales de un video que, supuestamente, corresponde a los hechos de la agresión que recibió personal militar en Palmarito, Puebla, el pasado 3 de mayo.
La dependencia aseguró que colaborará en todo lo necesario con la Procuraduría General de la Republica (PGR), con la convicción de que, bajo ninguna circunstancia, pueden justificarse conductas contrarias a la Ley y a los Derechos Humanos.
En caso de acreditarse, deben ser sancionadas con todo rigor, afirmó la Sedena.