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Funcionarios ponen a familiares como becarios del Pronapred

Amigos y familiares de directivos municipales en Morelia desviaron recursos destinados al programa para prevenir el delito

Escrito en ESTADOS el

MORELIA (La Silla Rota).- Adriana Magaña es una joven de 30 años que en julio del año pasado participó en la convocatoria para ser becaria del Programa Nacional de Prevención del Delito (Pronapred), donde realizó actividades como  promotora del programa Redes Vecinales. En 2014, Michoacán recibió más de 86 millones de pesos, de los cuales, casi 37 millones de pesos  fueron para Morelia y fueron operados por el ayuntamiento.

 

Adriana estuvo durante seis meses en largas jornadas del programa Redes Vecinales tocando puertas para levantar denuncias y dando charlas sobre temas encaminados a evitar que los índices delictivos suban en la ciudad. De acuerdo a lo que le habían informado, el esquema de pago por ese trabajo seria con una modalidad de “becaria” y la beca consistiría en un solo pago de 85 mil pesos, mismos que se entregaría al termino de seis meses, plazo de duración del programa.

 

Al concluir el programa el 31 de octubre de 2014, Adriana no recibió el depósito de su beca en su cuenta bancaria, pese a que su nombre figura en el convenio de colaboración interinstitucional entre el Ayuntamiento de Morelia y el Gobierno estatal que respalda el programa, y  acudió con la encargada de operar Redes Vecinales: Ana Lorena Pérez Cárdenas, directora de Enlace Ciudadano del Ayuntamiento de Morelia.

 

“Ella me explicó no me pagaron porque no estaba completo mi informe y no acredité la realización de mis actividades, entonces le llevé las constancias de los encargados del orden que acreditan que sí cumplí con el trabajo”, dijo.

 

Con esa documentación en mano, directora le hizo un ofrecimiento final a Adriana: 9 mil pesos por los seis meses de trabajo, en pagos diferidos de 3 mil al mes y posiblemente otros 9 mil si presenta facturas y recibos por los gastos que ella realizó durante su trabajo de promotora, pero esta cantidad dista mucho de los 85 mil 525 pesos comprometidos originalmente.

 

Días después, el 7 de enero, el síndico municipal Salvador Abud Mirabent declaró que “existe opacidad y discrecionalidad” en el manejo de los recursos destinados a Programas de Prevención del Delito, e incluso señaló que no firmaría mas documentos relativos a estos programas.

 

LA SILLA ROTA tuvo acceso a los listados incluidos en los convenios que realizó el ayuntamiento para la contratación de Adriana y muchas otras personas que participaron en los programas de Pronapred en 2014, donde se encontraron nombres de personas que están relacionados directamente con los funcionarios operadores del programa, y de funcionarios públicos.

 

En el caso del convenio para la realización del programa Redes Vecinales, donde participó Adriana, donde se especifica el personal que sería contratado para llevarlo a cabo, se especifica un pago de hasta 87 mil pesos a la pareja sentimental de Ana Lorena Pérez Cárdenas, Porfirio López Landa  y una cantidad similar a su hermano Israel López Landa.

 

(Porfirio López Landa. Crédito: Daniela Osorio)

 

 

Según el documento, la pareja de la funcionaria trabajó como coordinador operativo, y  el cuñado promotor del programa Redes Vecinales. Además se destinaron recursos para que Porfirio López Landa viajara  a Barcelona con Ana Lorena, para exponer el programa en el XII Congreso Internacional de Ciudades Educadoras. 

 

En la misma lista en poder de LA SILLA ROTA se encuentra Martín Ávalos Soria, trabajador municipal del Instituto de la Juventud Morelia, y quien siendo funcionario municipal también cobró esta beca por 85 mil pesos, en calidad también de promotor.

 

Sobre el tema, Ana Lorena Pérez dijo que los recursos no pasan por sus manos y negó que tuviera relación con los becarios contratados, aunque existan fotos en redes sociales que comprueban su lazo sentimental y familiar.

 

Pero no sólo en esta dependencia a cargo de un programa de Pronapred se encontraron irregularidades. LA SILLA ROTA tuvo acceso a los documentos del programa que maneja el Centro de Mediación Municipal, cuya directora es Maribel Rodríguez Álvarez, y se encontró que también están los familiares de esta funcionaria registrados como becarios.

 

(Crédito: Daniela Osorio)

 

En 2013 por actividades de capacitación y mediación comunitaria, el padre de la funcionaria, Gabriel Rodríguez; su hermana, María Angélica Rodríguez y su sobrino Francisco Javier García recibieron 84 mil pesos cada uno.

 

Sobre la trasferencia de recursos públicos a sus familiares la funcionaria dijo que “no ventilaría el caso ante los medios de comunicación” y defendió los resultados obtenidos en las escuelas donde ya se han instalados los centros alternativos de mediación.

 

Otros testimonios recabados por este medio de denunciantes que pidieron el anonimato por seguir en el proceso de recibir su pago aseguraron que hay otras cuatro dependencias donde se manejaron recursos de Pronapred en las que también están los familiares, parejas y compadres de funcionarios como beneficiarios.

 

Conflicto de intereses

 

Los recursos de Pronapred pasan por la Dirección de Prevención del Delito Estatal y en su manejo  también participa el Consejo Ciudadano de Morelia, que es un órgano colegiado y desconcentrado del ayuntamiento. El secretario técnico del consejo es Benjamín Revuelta Vaquero, un académico que además ha sido operador político  del alcalde de Morelia Wilfrido Lázaro Medina. 

 

De acuerdo a lineamientos de Pronapred los recursos deben ser destinados también a organizaciones civiles. Una de las que recibieron transferencias fue la asociación civil La Planta, cuyo presidente es Alejandro Revuelta, el hermano de Benjamín Revuelta, confirmó en entrevista el director de Prevención del Delito, Guillermo Sandoval Vega. 

 

El funcionario confirmó que la asociación recibió más de 4 millones en 2014 para varias actividades y en 2015 recibirá 3 millones 800 mil pesos más. 

 

Otro de los programas que operan organizaciones civiles y que ha sido cuestionado es el Coro Monumental, que actualmente tiene 3 mil niños de polígonos con alta incidencia delictiva y que se considera uno de los programas de prevención del delito más importantes que implementó Wilfrido Lázaro Medina.

Inicialmente en 2012, el proyecto del coro se llamaba “Niños Músicos por la Paz” y lo realizó la organización civil Comunidad Segura, en coordinación con el Conservatorio de las Rosas, una de las instituciones de formación musical más prestigiosas del país.

 

El Ayuntamiento canceló el apoyo a la organización ese mismo año, y el proyecto actualmente es dirigido por Luis Josué Soto de la Asociación Michoacana para el Fomento y Desarrollo de las Artes, quien realizará la evaluación de sus propios  resultados, lo cual fue confirmado por Pablo Vázquez Camacho, director de Evaluación de Proyectos de Prevención Social en la dirección general de Coordinación Intersecretarial de la Subsecretaria de Prevención y Participación Ciudadana.

 

De acuerdo con documentación en poder de este medio, tanto para el proyecto del Coro, así como para La Planta, el Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo (CADPE), negó recursos en el 2013 a ambos proyectos, pero estos fueron obtenidos de todos modos mediante una adjudicación directa, por parte del entonces secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Armando Ballinas Mayés.

 

En entrevista, el director de Evaluación de Proyectos de Prevención Social, Pablo Vázquez Camacho, explicó que es directamente el estado quien se encarga de revisar que todos los proyectos cumplan con los lineamientos establecidos por Pronaped y aprueba las características, las estrategias y líneas de acción del mismo, por lo que la federación no tiene injerencia en la revisión de irregularidades. Sobre los funcionarios que pusieron a parientes y amigos como becarios comentó que “nos interesaría saber cuál es la justificación”.

 

“Se está haciendo un esfuerzo para que en 2015 todos los proyectos tengan evaluación. En 2014 se pidió que se evaluara y se puso énfasis en ciertos programas, así que vamos a hacer una evaluación de todos para eliminar lo que no sirve, mas en una eventual escases de recursos”, al recordar que la Secretaria de Hacienda anunció un recorte de 26% a los programas de prevención.

 

Mientras tanto, Adriana abandonó la búsqueda del pago de la beca por su participación en Pronapred. “Nadie se esperaría que hay tan poca seriedad en los programas que operan los gobiernos, pero yo doy testimonio de que así es, así se hacen las cosas en este país”.

lrc