Sonora (La Silla Rota).- Era un lunes 2 de mayo de 2016, era asueto en las escuelas por la celebración del día del maestro y Citlali se quedó en casa mientras su padre se fue trabajar como jornalero en los campos de Miguel Alemán comunidad de Hermosillo. Mientras ella se encontraba sola, un compañero de trabajo de su papá ingresó a la vivienda y aprovechó para abusar sexualmente de la niña, narra la denuncia de Citlali que se realizó inmediatamente tras el hecho a la comisaría.
Médicos comprobaron el daño físico y psicológico de Citlali y el caso se consignó ante el Ministerio Público por el delito de violación agravada. Sin embargo, días más tarde, un juez reclasificó el hecho como estupro. Citlali, de tan solo 15 años de edad, actualmente libra una batalla legal para que el caso se tipifique como lo que ella asegura que ocurrió realmente: un abuso sexual.
Denuncian cadena de abusos
Días después de haber sido violada, Citlali notó que estaba embarazada. A su alcance no tuvo la orientación profesional que le notificara sobre el uso de la píldora anticonceptiva de emergencia y tampoco se enteró sobre su derecho al aborto por tratarse de una violación.
Cuando finalmente supo que podía interrumpir su embarazo por tratarse de una violación, en julio, el juez sexto penal Jesús Manuel Ibarra Carreón, a cargo del caso, ordenó reclasificar el delito a estupro y no violación, por considerar que la joven engañada dio su consentimiento al acto, por lo que las autoridades de la Secretaría de Salud negaron el aborto a Citlali quien llevada por su padre solicitó la interrupción del embarazo.
De acuerdo con el código penal federal, el estupro es el delito por tener relaciones sexuales con una persona entre 12 y 18 años obteniendo su consentimiento a través de engaños.
La noticia trascendió rápidamente en todo el país y organizaciones que se dedican a la protección de los derechos indígenas dieron apoyo a la familia, sin embargo, el estatus jurídico de este caso permanece todavía en los tribunales, indicó la defensora legal que lleva el caso Noelia Escoboza.
Poco antes de cumplir las 14 semanas de gestación Citlali fue llevada a la Ciudad de México con el apoyo del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), donde logró concretar el aborto.
El asesor jurídico de GIRE, Iván Báez, aseveró que se cometieron varias negligencias en el caso pues existe la evidencia de que fue violación sexual y al momento de presentar la denuncia, no se canalizó a la menor para la atención de emergencia, lo cuál es un protocolo internacional que se sigue en caso de violación.
Citlali se percató de su estado a la quinta semana de embarazo, cuando se sintió mal y acudió al centro de salud de su comunidad y posteriormente la canalizaron al Hospital de la Mujer de Hermosillo pues su embarazo era de alto riesgo, aspecto que no fue valorado tampoco para la interrupción del producto.
“La autoridades estatales incumplieron con la norma por la reclasificación del delito, pero los estándares internacionales de derechos humanos han sido muy claros al señalar que el obligar a una mujer en particular a una niña víctima de violación, continuar con el embarazo puede ser constitutivo de acto cruel, inhumano, degradante e incluso tortura”, expuso Iván Báez.
¿Por qué el juez reclasificó el caso?
De acuerdo con el procurador de Justicia del Estado, Rodolfo Montes de Oca, el agente Ministerio Público que recibió a Citlali, consignó el delito de violación, pero el juez decidió reclasificarlo porque en las declaraciones de la víctima “dejaron entrever que hubo consentimiento de su parte para tener relaciones con el hombre que actualmente se encuentra en detención preventiva”.
“Se toman las declaraciones ministeriales tanto del padre de la víctima, de los hermanos de la víctima, del mismo imputado porque ya se había logrado su detención, y con esos elementos probatorios junto con los dictámenes de nuestros peritos legistas, porque también se le hicieron dictámenes en materia sicológica, se realiza la consignación por el delito de violación agravada”.
Indicó que la consignación se realizó el 5 de mayo y el agente del Ministerio Público respaldó su consignación en esas pruebas, y en su convicción de que se había actualizado los elementos de violación agravada, y el juez ya con el detenido, revisó los términos constitucionales y 11 de mayo dictó el auto de formal prisión, pero ya reclasificado.
“Él valora las pruebas, las analiza y de acuerdo a su convicción personal, él considera que los elementos del tipo que se actualizan con esos hechos no son los de la violación agravada sino los del estupro. Ahí quisiera decirte que soy muy respetuoso tanto de la decisión que en su momento tomó el agente del Ministerio Público porque en su concepto se había actualizado el delito de la violación agravada, y también soy muy respetuoso de la decisión del ciudadano juez al momento de reclasificar. ¿Por qué reclasifica?, porque de acuerdo a algunas de las declaraciones que obran en el sumario se deja entrever que pudo algún consentimiento al momento de que se realizó este acto delictivo”. Montes de Oca explicó.
Montes de Oca aseguró: el juez no lo hizo de mala fe, sino que lo hizo considerando que actuaba de manera correcta.
Situación actual del caso
Hoy la abogada Noelia Escoboza informó que junto con la familia están en espera de que el Tribunal Colegiado resuelva la apelación a la decisión emitida por un juez de distrito de reclasificar el delito de violación a estupro.
La abogada que lleva el caso de la niña de 14 años dijo que en dos ocasiones, una en noviembre y otra en febrero de este año la autoridad federal ha ratificado la decisión del juez de llevar el juicio bajo el delito de estupro, sin embargo asegura que las pruebas no han sido analizadas correctamente tanto por el juez como por el Supremo Tribunal de Justicia.
"El Tribunal de distrito una vez más se le dio la razón al juez, pero repito no están entrando al fondo, no están estudiando las pruebas solo el proceso, revisan si no se brincaron pasos, pero no se revisan si están bien hechas".
Señaló también que se violaron tratados internacionales que protegen los derechos de la menor por tratarse de una indígena, actualmente la niña vive con su padre y sus hermanos en el Poblado Miguel Alemán y continúa sus estudios de secundaria.
Con apoyo psicólogo dijo ha logrado recuperarse pero continúa en tratamiento.
La abogada expresó que esperan tener respuesta en las próximas semanas acerca de la resolución del Tribunal Colegiado pues sería está la última instancia a la que pudieran recurrir.
La familia desea olvidar
A casi un año del agravio tanto la familia como la niña Citlali se han negado a dar declaraciones públicas sobre este hecho y de acuerdo con la versión de la abogada Noelia Escoboza, para su grupo indígena resulta vergonzoso y fuera de sus usos y costumbres el hacer este tipo de presentaciones públicas.