ESTADO DE MÉXICO (La Silla Rota).-“Así como desaparece una, puede desaparecer otra”. Esas palabras salieron de una voz masculina a través de un auricular. Era una de las tantas llamadas que la abogada Isabel Salas Chávez recibió desde que comenzó la búsqueda de su hermana, desaparecida en el municipio de Coacalco de Berriozábal, ubicado en la costra más letal para las mujeres: el Estado de México. El sujeto que la amenazaba no era ningún anónimo, se trataba de un cercano, un policía federal, un servidor público, un coadyuvante del caso autorizado por la fiscal de género.
Después siguieron omisiones cometidas por las autoridades mexiquenses, a pesar de que existe una Alerta de Violencia de Género (AVG), una política pública emitida por la Secretaría de Gobernación (Segob) en julio del 2015 para prevenir y erradicar los feminicidios. La madrugada del 20 de septiembre del año pasado -de acuerdo con Salas Chávez y las carpetas de investigación- cuando se dirigió al ministerio público para rendir su denuncia, los funcionarios se negaron a recibirla. “Yo no voy a atender a esa pinche vieja”, le dijo un secretario, en un estado donde supuestamente los servidores han sido capacitados con perspectiva de género.
Meses más tarde Elena Arlette Salas Chávez de 32 años fue localizada dentro de un tambo sellado con cemento junto al supuesto cuerpo del esposo, Omar David Castañeda Viloria, un agente policiaco de Tultitlán. Ambos tenían reporte de desaparición fechado el 14 de septiembre del 2016.
Lo sospechoso es que el cadáver del uniformado no coincidió con las señas particulares, al mismo tiempo que la familia obstaculizó el proceso de investigación e intimidó a Salas Chávez.
El pasado de la joven asesinada, quien se dedicaba al rescate de animales de la calle, es como el de miles de mujeres: violentada psicológica, económica y físicamente. Con frecuencia era asediada y golpeada por su esposo, hasta dejarla en collarín, desde 2005. Las pruebas que ha recabado la abogada la hacen concluir que su cuñado sigue vivo y sus cercanos lo encubren. Sólo que las autoridades se resisten al escrutinio de la carpeta de investigación. Por esa razón ingresó un amparo, el cual fue admitido por el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Naucalpan de Juárez, Edomex.
Salas se enfrentó a un escenario donde no se le comunicaron sus derechos, ni la información respectiva para el protocolo de atención a casos relacionados a violencia de género. “Cuando todo esto sucedió no me atendieron como se prevé en la alerta. Me dijeron que yo no podía aportar información. Nunca me buscaron para los adelantos de la investigación. No me notificaron jamás que existía una carpeta diversa a la de desaparición y hasta el momento no he tenido acceso a ella”.
Esto ocurre en el contexto de una campaña antifeminicida lanzada por el gobierno del estado que ha dado pocos resultados. Documentos obtenidos por este medio revelan que en la entidad -entre gobierno estatal y municipios- se erogaron casi 16 millones de pesos en supuestas campañas informativas, previstas en el segundo resolutivo del documento de la declaratoria de la AVG, mientras que éstas no lograron impactar en las comunidades, no se detuvieron los feminicidios y descendieron las sentencias condenatorias.
El 2016 se posicionó con 340 asesinatos de mujeres (uno más que el año pasado), de los cuales fueron 65 casos tipificados como feminicidios y 275 homicidios dolosos. En 2015 fueron 61 feminicidios, y 274 homicidios de mujeres. Este año corresponde al más alto de la actual administración, de acuerdo con cifras oficiales de la Fiscalía General de Justicia del Edomex. A su vez, durante el periodo 2015-2017 sólo se han dictado ocho sentencias. Es decir, los años con menos registros coinciden con la Alerta.
En el Estado de México viven 15 millones de personas; muchas de ellas trabajadoras en la Ciudad de México. La entidad se mantiene en los primeros lugares de índices delictivos como asesinatos, feminicidios, robos, secuestro y extorsión.
La Silla Rota solicitó por medio de Comunicación Social del gobierno de Estado de México una entrevista pero no se tuvo respuesta.
GASTOS SIN RESULTADOS
Las llamadas “Bardas” eran un terreno baldío que los habitantes de la colonia Hank González, Ecatepec, el municipio más violento, evitaban transitar cuando caía la noche. Por los delitos que se suscitaban al interior como violaciones sexuales a mujeres y consumo de drogas, las autoridades inauguraron en ese predio en 2011 el Parque Deportivo y Recreativo Familiar Bicentenario.
Pero nada cambió y menos en una de las 23 colonias más peligrosas del Edomex, según el más reciente monitoreo de incidencia delictiva de las cámaras de videovigilancia del C5 de la Comisión Nacional de Seguridad. En 2015 fue violada Gabriela dentro de las instalaciones por un sujeto cuatro años mayor que ella. Lo aseguraron en flagrancia de los actos.
Este parque se encuentra entre calles pequeñas que parecen terracerías mientras se alzan polvaredas. Aquí la gente vive principalmente de las actividades de tianguis con pacas de ropa y venta de objetos obsoletos. Desde que se emitió la AVG en la entidad no se mira la propaganda y menos en puntos rojos como este predio, de acuerdo un recorrido realizado por La Silla Rota, así como testimonios de pobladores y la del profesor Amador Velásquez, quien imparte clases y un taller sobre violencia de género en la preparatoria 128 Francisco Villa.
Para llegar a esta colonia se toma un camión desde la terminal Indios Verdes para luego adentrarse por la Vía Morelos, una de las avenidas más transitadas.
Los panorámicos sobre todo en estos meses están llenos de campaña electoral priista, pero nada sobre el mecanismo de la política pública.
Desde lo más alto de las colonias como Las Tablas, San Pedro Jajalpa o Jardines de Morelos, construidos entre cerros, hay pobladoras que deben bajar caminando hasta las avenidas para tomar el transporte público o subir cuando llegan por las noches.
“Cuando desaparece una chica, el primer lugar que busca la policía es hasta arriba de los cerros”, cuenta Enrique Payán Urbano, padre de Dulce Cristina, asesinada el 15 de enero de 2012 en la colonia Hank González.
En estos trayectos no se informa la campaña de la alerta, cuando el gobierno del estado ha realizado gastos por ese concepto. Durante los casi dos años se erogaron por difusión 15 millones 632 mil 234.21 de pesos, de acuerdo con 15 solicitudes de información realizadas a dependencias y los ayuntamientos involucrados. En el caso específico de Ecatepec fueron 416 mil 500 pesos.
Después le siguen Tlalnepantla 353 mil 800, Ixtapaluca 200 mil; Chalco 209 mil 683. Cuautitlán Izcalli, Naucalpan, Chimalhuacán, Valle de Chalco, Tultitlán y Neza aclararon que no han destinado algún recurso para la publicidad con motivo de la Declaratoria de AVG, mientras Toluca no respondió a la petición.
Según el oficio del Cemybs (Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social) , hubo gastos erogados para capacitar a las y los 125 ediles municipales, sin embargo, sólo Tlalnepantla mostró conocimiento por la campaña en la respuesta a la solicitud. “Me sorprende porque el gobierno estatal tiene cada miércoles una reunión con los presidentes municipales. A veces no van ellos, mandan a sus asesores. Yo estuve con los presidentes municipales, se les habló de la alerta, se les dijo qué medidas les correspondía dentro de las más de 12 recomendaciones”, dice María de la Luz Estrada, titular del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).
“Lo que hemos visto es que los municipios acaban haciendo lo mismo de siempre; las mismas actividades de difusión que realmente no están teniendo ningún impacto a la comunidad para poder estar conscientes de la violencia, pero también a dónde van a acudir las mujeres, dónde dan las órdenes de protección. Eso le corresponde tanto a seguridad pública como a procuraduría del estado. En esa materia de prevención es donde más mal van las autoridades”, agrega la experta en género.
En cuanto a los gastos de las instancias mexiquenses: la Secretaría General de Gobierno gastó 9 millones 563 mil; El Consejo Estatal de la Mujer gastó 3 millones 845 mil pesos y a Coordinación General de Comunicación Social 574 mil 200. En todos los casos no dieron acceso a la facturación para comprobar los gastos que señalan.
Estos más de 15 millones procedieron de recursos estatales y municipales, como lo refieren las propias solicitudes. Fue hasta noviembre del año pasado cuando los diputados locales avalaron el presupuesto especial para ese fin. En la Gaceta del Gobierno del Edomex del 28 de noviembre se destinaron 30 millones de pesos para “llevar a cabo acciones para la mitigación” de la violencia feminicida.
De igual manera agrega que se darán a conocer “los mecanismos necesarios para la operación de estos recursos” en el mes de febrero, con lo cual se sabría la cantidad exacta que recibiría cada municipio, según explicó la Secretaría de Gobernación en el oficio.
Esto sucede a sólo unos meses de que Eruviel Ávila Villegas abandone su mandato.
INDOLENCIA MEXIQUENSE
La investigación del feminicidio de Elena Arlette Salas Chávez de 32 años ha saltado de un municipio a otro. Es decir, se ha delegado a diversas fiscalías para indagar. Primero Coacalco, luego Ecatepec, nuevamente Coacalco, después Tecámac y finalmente Cuautitlán. En todos los casos Salas Chávez nunca le fue comunicado lo previsto en la política pública de erradicación a la violencia feminicida. Entre las obligaciones contempladas son “información oportuna (...) atención inmediata e investigación efectiva (...) Protección durante el proceso”.
A pesar de que la medida está focalizada en atender los 11 municipios más graves de la entidad, el derecho a acceder a esta información se haría en los 125 municipios (sin tomar en cuenta el ejercicio de difusión del Cemybs, el cual está obligado a la “planeación, coordinación y evaluación de políticas y programas para mujeres”).
El día que la abogada acudió al Centro de Justicia para las Mujeres en Cuautitlán Izcalli a realizar el reconocimiento del cuerpo de su hermana, el médico legista se negó a mostrarle el de su cuñado, Omar David Castañeda Viloria, de quien sospechaba desde el inicio por el encubrimiento de la familia. “¿Para qué? ¿Qué buscas?”, le dijo en presencia de la fiscal Sol María Salgado. Tuvo que alegar que eran sus derechos para que accediera a la petición.
Isabel miró a su hermana Arlette. Murió por un impacto de bala en la cabeza. Después observó el presunto cadáver de Castañeda Viloria. No correspondía con el hombre corpulento de 1.78 de estatura que conoció: no tenía marcas de las operaciones que le habían hecho, tampoco la característica de su cirugía plástica en el rostro. Otras tres personas que lo conocían acudieron con ella y coincidieron en su conclusión.
Esto sucedió en marzo de este año luego de que un supuesto informante señalara el lugar donde se encontraban los occisos.
De acuerdo con las carpetas ECA/ECA/ECA/027/055961/16/09 y ECA/ECA/ECA/00/MPI/000/02507/ Posteriormente recibió una llamada de Juan Rolando Viloria Herrera, familiar lejano y policía federal, quien se hizo pasar como procurador mexiquense para decirle que no hiciera la denuncia porque se podía tratar de un secuestro.
Entre otras irregularidades, para ese tiempo no se había realizado ninguna inspección ocular y diligencias, mismas a las que siempre se negó la familia Viloria. Además, dice, las grabaciones de las cámaras de video que estaban en la calle se las llevó el militar retirado Castañeda. De igual modo la investigación de la actividad bancaria de las seis tarjetas no se llevó a cabo. Y se le negó su comparecencia en el ministerio de Coacalco, donde la familia tiene nexos con policías, además de Cuautitlán.
Actualmente se admitió el amparo 476/2017-I-A para conocer los detalles en la carpeta de investigación. “Tuve que recurrir a esto debido a que nunca me han contactado para informarme los avances”, comenta la litigante.
GASTOS FRÍVOLOS
Las condiciones para las mujeres en el Edomex no cambiaron desde la emisión de la alerta. Cruzan los bajo puentes en Ecatepec sin alumbrado público y vigilancia; en Tultitlán se miran más hoteles con redes de prostitución antes que casetas policiacas; en Neza una niña de cinco años fue violada y asesinada en marzo pasado. O bien, en municipios donde no se emitió siguen sucediendo casos.
En un territorio que ocupa los primeros lugares en asesinatos de mujeres, lo que menos se miran son patrullas rosas, botones de auxilio y campañas que alerten a la ciudadanía, medidas previstas en el decálogo eruvielista. Las demarcaciones donde se activó por sus estadísticas fueron Naucalpan, Ecatepec, Chimalhuacán, Chalco, Valle de Chalco, Toluca, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl y Tultitlán.
Por las avenidas principales de estos municipios sólo se observa propaganda electoral, principalmente del Partido de la Revolución Democrática, así como panorámicos con los logros del gobierno estatal. El metro que cruza la línea B, donde miles de mexiquenses de Neza y Ecatepec fluyen a diario hacia la Ciudad de México, no tiene un solo material de difusión sobre esta situación.
Entre los gastos exorbitantes aparecen la elaboración de los dos spots que presentó Ávila Villegas el 9 de mayo del 2016. Según la información de la Coordinación, se erogaron 574 mil 200 pesos para que el Instituto Panamericano de Comunicación y Estrategia Política S.C. fuera la empresa “encargada del diseño, conceptualización, desarrollo, guiones y producción” que conforman la campaña. La dependencia no cuenta con indicadores para evaluar el impacto de las transmisiones.
También aparece una radionovela por un millón 200 mil pesos. En 2015 la Secretaría General de Gobierno informó que se produciría y transmitiría dicho contenido con temáticas de trata, violencia comunitaria y feminicidio. No hay rastros del material en los registros públicos de la página de la Alerta de Género del Edomex, así como del portal electrónico del Sistema de Radio y Televisión Mexiquense. El material y la facturación fue solicitado a la Coordinación General de Comunicación Social, encargada de la información brindada, la cual no respondió hasta el cierre de edición, lo mismo que el departamento de Radio del medio de comunicación mexiquense.
Entre otros aparecen playeras por 829 mil 400 pesos; directorios por 841 mil; folletos por 851 mil; pulseras por 121 mil 800; imanes por 404 mil 500; bolsas por 324 mil 858; y chalecos por 524 mil. Así como otros artículos costosos, cuyo contenido no explicaba nada del mecanismo.
En el oficio también justifican gastos con motivo de la AVG cuando es material de difusión al cual está obligado de difundir el gobierno estatal. Por ejemplo: Folletos de la Cartilla de Servicios a las Mujeres por 851 mil 440 pesos; trípticos de la campaña “Mexiquense únete para poner fin a la violencia contra las mujeres” por 105 mil 560 pesos, entre otros materiales de información básica.
Por otra parte, en el caso de las pláticas, talleres y cursos a la población, la cantidad es mínima. El 5º Informe de Gobierno de Ávila Villegas explica en la página 103 que en los eventos y talleres para brindar información sobre la AVG, han asistido 132 mil mexiquenses. Sin embargo, la solicitud de información aclara que sólo han acudido 36 mil 856 personas.
Para la victimóloga del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), la maestra Geru Aparicio Aviña, desde que se otorgó el recurso se debieron etiquetar específicamente para qué iban a ser utilizados, el objetivo de los mismos y la evaluación de los indicadores.
La Silla Rota solicitó los indicadores de impacto de las campañas en la población mexiquenses, sin embargo, ninguna de las instancias cuenta con esa información.
“Edomex fue un laboratorio. El aprendizaje de la Alerta de Violencia de Género del Edomex es pedir indicadores en el proceso. Que no se den en el aire y no sea utilizada para fines políticos (...) Tienen que etiquetarse. De qué sirve que se otorguen millones de pesos si no tenemos una manera de identificar hacia dónde van. Se debe crear una metodología que nos ayude a evaluar las acciones que se están implementando. La voluntad política se refleja en un mecanismo transparente”, explica la experta en procesos de alertas de género.
El portal que puso en funcionamiento el gobierno del Edomex desde la presentación del decálogo, fue realizado con el fin de transparentar los resultados del proceso, así como las estadísticas actualizadas. Pero el rubro de los gastos ejercidos no se hicieron, tampoco lo concerniente a alguna auditoría.
SIGUEN ARRANCANDOLAS
La voz que amenazó durante toda la investigación a Salas Chávez se trataba de un familiar del agente de Tultitlán. Era el policía federal Viloria Herrera, quien no podía ser un coadyuvante en las investigaciones y aun así la subprocuradora Dilcya García Espinoza otorgó autorización. Un documento y el testimonio de la abogada al que tuvo acceso La Silla Rota corrobora que el familiar pidió a la funcionaria participar.
El oficial es uno de los principales hostigadores de Salas Chávez. La hermana de la víctima notificó a las fiscales y al titular de la FGJ, Alejandro Gómez, quien solicitó a sus subalternos otorgarle una orden de protección, la cual no ha recibido hasta el momento. Por lo anterior y la serie de atropellos, la joven de 27 años considera que el caso no fue tomado con perspectiva de género.
Se solicitó entrevista con la funcionaria pero al cierre no se tuvo respuesta.
Al interior de las autoridades tampoco ha tenido un cambio sustancial desde que se aprobó la política pública. “No ha cambiado ni adentro, ni afuera. Es más, como empleadas de la Fiscalía hay discriminación de la mujer”, narran peritos consultadas por La Silla Rota.
“Una vez un médico legista salió de revisar a una víctima de violación y dijo que ‘a esa se nota que le gusta’ (...) En San Agustín, Ecatepec, es la peor, no son nada sensibles (...) Desde las cabezas están de la chingada”, explican las fuentes que pidieron anonimato por temor a ser removidas de su cargo.
Salas Chávez se ha enfrentado a lo largo de este proceso con las cabezas. Al no conformarse con los resultados de la investigación, la subprocuradora de género, García Espinoza, le dijo: “Son cinco meses. No te quejes. Hay familias que tardan años en encontrar a su familiar (...) No te apasiones (con el caso)”.
La titular del OCNF agrega que en las pláticas y trabajos de campo que han realizado se encuentra con comisarías y policías que se burlan. “Las autoridades no quieren invertir nada y no toman en serio la problemática de la violencia feminicida”, apunta Estrada.
Para evitar esos tratos, el Cemybs erogó casi 4 millones de pesos para capacitación a policías, así como consultorías externas a servidores públicos en los 125 municipios de la entidad, como lo señalan en la solicitud de información. Por su parte, las peritos consultadas apuntan que a ellas sólo les hicieron exámenes de control de confianza, pero nada sobre la perspectiva de género en el servicio público.
En ese orden de responsabilidad, el 7 de marzo el gobernador de la entidad dijo: “A las mujeres en el estado de México las celebramos con hechos, con acciones, con respeto, siendo muy preventivos y empoderando a la mujer mexiquense”.
Pero los hechos dicen lo contrario: Ávila Villegas llegó al poder en un momento donde las organizaciones hicieron solicitudes ante el caso omiso de su antecesor y ahora presidente de la república, Enrique Peña Nieto. Tardó casi cuatro años en hacer la petición cuando fue una de las demandas electorales más importantes. A pesar de emitirse la AVG, fue hasta un año después que el gobernador presentó el “Decálogo para la Seguridad y Protección de las Mujeres”.
De acuerdo con el maestro de la FES Acatlán, Manuel Amador, la acción tampoco vino por voluntad política, sino por la presión de las organizaciones sociales, así como la resolución a favor de la señora Irinea Buendía ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para reabrir la investigación de su hija Mariana Lima, quien fue ultimada en 2010 por su esposo, un policía judicial, pero la autoridad en ese momento lo clasificó como un suicidio. En el amparo de revisión 554/2013, se prevé que los asesinatos de mujeres se investigarán con perspectiva de género.
Elena Arlette y muchas otras siguen sin ser investigadas bajo ese enfoque. Mientras Salas Chávez realiza el trabajo que le corresponde a la FGJ del Edomex -contrario a lo que estipula la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia- el supuesto cuerpo de Omar David Castañeda Vilorio fue velado con honores el pasado 10 de marzo por miembros del Ejército mexicanomcon la presencia del secretario de la Defensa Nacional.
