OAXACA (La Silla Rota).- Samantha Caballero Melo, presidenta municipal de San Juan Bautista Lo de Soto, presentó una controversia constitucional contra del gobierno de Oaxaca por la omisión para garantizar el ejercicio pleno de su cargo y retener los participaciones que le corresponden a la comunidad.
A cinco meses de haber asumido el cargo como alcaldesa de esa localidad, perteneciente a la costa oaxaqueña, Caballero no ha podido ejercer ni un solo peso de los mas de 2 millones 712 mil, ni ha emprendido obras de beneficios por la retención de los recursos federales por parte de la Secretaría de Finanzas, la cual solo la ha traído en vueltas sin resolverle nada.
La situación que enfrenta la edil no ha parado ahí, puesto que sigue siendo víctima de violencia política por parte de diversos actores en su municipio, principalmente el síndico municipal Pablo Ánica Valentín, quien ha sido su principal agresor, obstaculizando el desarrollo de sus funciones en busca de destituirla del cargo y ascender al puesto.
Ánica Valentín mantiene retenido los vehículos oficiales del municipio, por lo que se ven afectados los servicios públicos como el de recolección de basura, que ha podido subsanar con el apoyo de pobladores, a través de cooperaciones para pagar servicio particular.
Respaldada del Colectivo por la Ciudadana de las Mujeres, Samantha Caballero dijo que mas de 500 mujeres de la comunidad decidieron solicitar al Congreso del Estado la revocación de mandato del síndico municipal por la violencia política y los daños que esta causando a la población.
Pese a que la edil presentó un juicio de de derechos ciudadanos ante el Tribunal Electoral Estatal, el cual acreditó como violencia política y de género los hechos contra la alcaldesa y que ratificó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a la fecha no ha pasado nada.
De su lado, Anabel López Sánchez indicó que el gobierno del estado al bloquear los recursos a través está revictimizando a la presidenta municipal y coadyuva a la violencia política.
"El gobierno evidencia la falta de compromiso con los derechos de las mujeres y es una aliciente para que esto mismo ocurra en otros municipios ejerciendo violencia de distintos tipos contra las mujeres".
Por su parte, Samantha Caballero hizo un llamado al gobernador Alejandro Murat Hinojosa a girar instrucciones a la Secretaría de Finanzas para que lo antes posible libere sus participaciones federales, así como para que cese la violencia en su contra.
"He estado viviendo hasta el día de hoy violencia política, lo que es una situación difícil porque mi comunidad esta en el abandono, los ciudadanos se han tenido que cooperar para los servicios públicos: agua, luz, recolección de basura, todo porque Finanzas no entrega los recursos y nos pone obstáculos".
A través de la controversia se espera de manera inmediata se mandáte a la Secretaría de Finanzas a entregar los recursos de los ramos 28 y 33 para San Juan Bautista porque comete una ilegalidad al retenerlos.
La edil indicó que las amenazas han escalado a su equipo de trabajo, regidoras y regidores que de alguna manera la han respaldado y aunque ya puede despachar en el palacio municipal esta "atada de manos" debido a la oposición de un grupo de regidores encabezados por el Síndico Municipal.
Se quejó de la falta de apoyo de ninguna institución tampoco de la Secretaría de la Mujer que encabeza Miriam Liborio Hernández, pues es la hora que no se acerca para seguir su caso o por lo menos conocerlo.
Reforma para tipificar violencia política una simulación
Anabel López , sostuvo que las reformas aprobadas en el congreso en el que se modifican distintas disposiciones legales en relación a la violencia política no han sido siquiera publicadas en el Diario Oficial del Estado, por lo que no tienen vigencia.
Lo anterior, dijo la activista, se demuestra que solo se trata de una simulación y falta de compromiso del gobierno en turno para castigar la violencia en todas sus formas.
"Se trata de una simulación en relación a atender y garantizar las condiciones s para el ejercicio pleno de los derechos políticos contra las mujeres".
La activista sostuvo que la simulación también es gobierno federal porque al parar la reforma que modificaba distintas disposiciones legales en relación a la violencia política, lo que implica que no estarán vigentes para el próximo proceso electoral y en consecuencia las mujeres que aspiren a los distintos cargos seguirán padeciendo de violencia.