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Nueve contradicciones entre la PGR y el GIEI sobre la desaparición de los 43

La investigación realizada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes difiere de lo difundido por la Procuraduría

Escrito en ESPECIALES LSR el

CIUDAD DE MÉXICO (La Silla Rota).- Con su investigación, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interdisciplinario de Derechos Humanos (CIDH), desechó que los estudiantes hayan sido quemados en un basurero al aire libre, el GIEI halló evidencias de un móvil que la PGR descartó desde un inicio como la existencia de un quinto autobús que pudiera contener un cargamento de narcóticos y confirmó la participación del ejército

 

El grupo de especialistas de la CIDH contravino así lo averiguado por la Procuraduría General de la República (PGR) que encabezó Jesús Murillo Karam.  

 

Las contradicciones que se documentan en el Informe del GIEI en la investigación de la PGR se resumen en nueve. Aquí un recuento de las mismas.

 

 

NO FUERON QUEMADOS EN EL BASURERO DE COCULA

El 8 de noviembre de 2014, la PGR anunció que los 43 normalistas de la escuela normal rural de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos desde el 26 de septiembre en el municipio de Iguala presuntamente fueron asesinados y posteriormente quemados por el grupo delictivo Guerreros Unidos, según declaraciones de detenidos.

Según dichos testimonios, la hoguera en la que quemaron a los 43 jóvenes fue avivada con diesel, plástico, madera y otros materiales –alcanzando temperaturas de entre 900 y mil 600 grados centígrados– desde la medianoche del 27 de septiembre hasta las 14:00 o 15:00 horas de ese mismo día.

El informe del GIEI afirma que para quemar un cadáver en un horno crematorio se necesita una temperatura de entre 800 y mil grados Centígrados durante un lapso de 90 a 120 minutos; mientras para llegar a esas temperaturas al aire libre se requerirían 900 kilogramos de madera por cuerpo, o bien, de 310 a 400 kilogramos de llantas.

 

 

SÍ PARTICIPÓ EL EJÉRCITO Y FUERZAS FEDERALES

En la misma conferencia del 8 de noviembre, ante los cuestionamientos de periodistas, el titular de la PGR afirmó que el ejército no había participado en los hechos de la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre. Incluso, reforzó su declaración con la frase “Hubiera sido un problema mucho mayor, qué bueno que no salió (el Batallón 27 de su cuartel)”.

El informe de los especialistas de la CIDH confirmó que inteligencia militar supo desde las 17:00 horas de los movimientos de los normalistas y que un elemento castrense incluso merodeaba de cerca de los normalistas y documentó todas las agresiones. También se recogieron testimonios de los normalistas en el sentido de que elementos de la Policía Federal también estuvieron en los hechos, aunque no los agredieron.

El GIEI documentó que el Ejército no intervino para proteger a los jóvenes y solamente envió dos patrullas pasadas las 23:30 horas del 16 de septiembre, una de las cuales incluso intimidó a normalistas que se encontraban en la Clínica Cristina, hasta donde llegaron para pedir que atendieran a uno de sus compañeros herido en la boca.

 

 

 

NO FUERON DOS ATAQUES, FUERON NUEVE

La investigación realizada por la PGR consigna que luego de recibir la orden de José Luis Abarca, entonces presidente municipal de Iguala, los estudiantes fueron atacados por policías municipales en dos ocasiones y luego fueron llevados a la comisaría.

El informe del GIEI también tira esta teoría, pues afirma que fueron al menos nueve escenarios en los que los jóvenes fueron atacados en un lapso de tres horas. La investigación incluso revela que el nivel de los ataques se fue incrementando conforme pasó el tiempo.

Los expertos aseguran que incluso se suscitó un ataque a quemarropa –es decir, con disparos de arma de fuego de alto calibre a centímetros de los cuerpos de varios normalistas– en el que murieron dos jóvenes y uno más resultó con una herida en el maxilar superior.

 

 

NO FUERON LLEVADOS A LA COMANDANCIA

Según las declaraciones del entonces procurador Jesús Murillo Karam, luego de los dos ataques que sufrieron, todos fueron llevados a la comandancia de Iguala de donde salieron nuevamente en camionetas para ser entregados por policías a integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos.

La investigación del grupo de la CIDH detalla que sólo un grupo de entre 16 y 17 jóvenes fueron llevados a la comandancia y luego trasladados en camionetas de la policía de Iguala hacia el rumbo de Loma de Coyote.

Este grupo pertenecía a los detenidos del autobús Estrella de Oro, baleado en la calle Juan N. Álvarez. Del otro grupo detenido sobre el periférico norte no se tienen indicios de que fueran trasladados a la comandancia, sino que fueron trasladados desde ese lugar en camionetas de la policía de Cocula.

 

  

¿UNA DE LAS INVESTIGACIONES MÁS GRANDES DE LAS QUE SE TENGA MEMORIA?

 En sus declaraciones, Jesús Murillo Karam aseguró que la averiguación que encabezó y que lo llevó a la verdad histórica de que los normalistas habían sido asesinados y cremados en el basurero de Cocula era una de las más complejas operaciones que se hayan hecho en los últimos tiempos y “una de las investigaciones criminales más grandes de las que se tenga memoria”.

Sin embargo, la averiguación de la PGR omitió momentos clave, descartó de inmediato otras líneas de investigación y concluyó en 33 días el destino de los jóvenes.

El GIEI llevó a cabo su investigación durante seis meses, ubicó diversas escenas en las que los jóvenes fueron atacados, confirmó la participación y las omisiones del ejército y descartó científicamente que los normalistas hayan sido cremados a niveles en que no se podía extraer ADN de sus restos óseos.

 

 

¿QUIÉN DIO LA ORDEN?

 La investigación de la PGR y el GIEI tampoco coincide en quién ordenó la agresión contra los normalistas de Ayotzinapa. En la conferencia de prensa del 7 de noviembre de 2014 se le preguntó directamente al entonces procurador, Jesús Murillo Karam, quién dio la orden de aprehender, asesinar e incinerar a los normalistas de Ayotzinapa, a lo que respondió que José Luis Abarca, ex presidente municipal de Iguala y Sidronio Casarrubias, uno de los líderes de Guerreros Unidos.

“Hay dos (órdenes) claras, una del presidente municipal cuando por radio se transmite su orden, no es una orden de secuestrar ni de matar pero es una orden clara de actuar en ese sentido, y la otra cuando se le avisa al jefe del grupo este de Guerreros Unidos (Sidronio Casarrubias) de lo que está sucediendo y el da su aval para que, entre comillas lo digo, no invadan su territorio”, aseguró.

En la presentación de informe sobre el Caso Ayotzinapa, los integrantes del GIEI a lo apuntaron que una persona, a la que sólo identifican como de unos 40 años y corpulento, coordinada las acciones. Esto se desprende del testimonio de uno de los chóferes de los autobuses que fue llevado a una casa en el centro de Iguala donde se encontraba este sujeto no identificado, quien le preguntó a los policías estatales que lo trasladaron que quién era, y tras saber que era un chófer, les dio la orden de liberarlo.

 

 

 

QUINTO AUTOBÚS

 En la investigación de la PGR se consignó que los normalistas se desplazaron en cinco autobuses en Iguala, pero luego desapareció de la indagatoria, es decir, sólo se habló de cuatro vehículos.

Hasta que el GIEI recogió testimonios y revisó el expediente, encontró que había cinco autobuses y no cuatro, solicitó el video de la noche del 26 de septiembre de 2014 y confirmó la existencia del quinto autobús.

El GIEI pidió a la PGR le presentará el quinto autobús tomado por los normalistas, los expertos internacionales detectaron que la dependencia federal les llevó otra unidad distinta a la que aparecía en el video. Esta quinta unidad quizá transportaba droga.

 

 


MÓVIL DEL ATAQUE

Desde el inicio de la investigación la PGR señaló que el móvil del ataque a los normalistas de Ayotzinapa se debió a un intento de los estudiantes de protestar y boicotear el informe de la presidenta del DIF Iguala, María de los Ángeles Pineda, esposa del alcalde, José Luis Abarca.

Los expertos del GIEI sostienen que existen cuatro móviles totalmente diferentes y tienen numerosas contradicciones, entre ellas un operativo de ‘Los Rojos’ para matar a otros narcotraficantes conocidos como ‘Los Peques’, otras que un grupo infiltrado entre los normalistas que se habría dirigido a Iguala para atacarlos sin armas ni preparación.

Sin embargo, pidieron abrir una un quinto móvil, el transporte de drogas en camiones de Iguala, por lo que los normalistas habrían tomado un autobús cargado y un grupo intentó recuperar el cargamento que llevaba el vehículo.

 

 

¿DÓNDE ESTÁN?

De acuerdo con la versión sostenida por la PGR desde noviembre de 2014, los 43 normalistas fueron incinerados, sus restos triturados y depositados en el Río San Juan, en el municipio de Cocula, es decir, las autoridades sostienen que fueron asesinados.

Los expertos del GIEI tras informar que la evidencia científica señala la imposibilidad de quemar 43 cuerpos debido a las condiciones del basurero de Cocula, dijeron que no existen evidencias sobre cuál fue el destino final donde se encontrarían los normalistas.

 

 

asm