Morir en el penal de Chiconautla como falso culpable

Jonathan, de 23 años de edad, falleció por complicaciones de VIH sin recibir atención adecuada; luchaba por demostrar su inocencia

GLORIA PIÑA 01/03/2017 10:15 p.m.

Morir en el penal de Chiconautla como falso culpable

CIUDAD DE MÉXICO (La Silla Rota).- La última vez que vio a su hijo fue cinco días antes de que muriera. “No te preocupes mami, voy a salir que aquí. Yo soy inocente”, le dijo Jonathan a su madre cuando lo visitó en el hospital de Las Américas en Ecatepec. Lo habían trasladado allí desde el Penal de Chiconautla en el Estado de México.

El VIH  estaba acabando con su vida. Su madre ya no podía acercarse a él. Cualquier movimiento era extremadamente doloroso para su cuerpo que estaba lleno de llagas, su piel se descamaba. Era tan deteriorada su salud que no tenía fuerzas para levantarse, ni podía comer sin ayuda.

Días después Jonathan Cortez Ayala falleció sin atención médica especializada, en condiciones insalubres y lejos de su familia. Pasó el último año de su vida encerrado en la cárcel por la fabricación de un delito que no cometió, al igual que otros cientos de reos que aseguran haber sido torturados y tener carpetas inventadas para que sean declarados culpables. Con esto el Estado combate las cifras de impunidad, afirman. “Es que los delitos son inventados’. ¿Quién dijo que los delitos no son inventados? ¡Eso es de toda la vida, hombre!”, se le ve decir a sus subordinados en un video filtrado a redes al fiscal de Litigaciones del Estado de México, Fernando Cárdenas. Esta es una de las evidencias que, dicen, existen para entender estos casos de injusticia. Actualmente más de 400 reos interpusieron el primer amparo colectivo para demostrar su inocencia.

 

Cuando la justicia no llega

 

A casi dos años de su muerte, los padres de Jonathan,  Adrián Cortez y Gloria Ayala, rememoran la manera en que autoridades del Estado de México montaron un caso en contra de su hijo.

Fue un día de agosto de 2014, mientras caminaba por las calles de Ecatepec, cuando a Jonathan lo llamó un hombre que manejaba una camioneta y  le pidió ayuda para encontrar una dirección. En cuanto se acercó para responderle, del vehículo sin placas y con vidrios polarizados salieron varios hombres que lo obligaron a abordar el automóvil.

“¡Tú ya te chingaste!”, le gritaron a Jonathan como amenaza mientras lo golpeaban. Retuvieron al joven de 23 años en la camioneta dando vueltas por Ecatepec durante casi 2 horas. Después lo pasaron a una patrulla municipal que lo condujo al Ministerio Público de San Agustín, según consta en las declaraciones en su expediente.

Los padres lo buscaron en el Ministerio Público, pero las autoridades negaron que estuviera ahí. Luego les informaron que lo estaban trasladando al “veinte veinte”, una fiscalía de homicidios. Al llegar ahí, los elementos les ocultaron a su hijo.

Desesperados exigieron información sobre Jonathan, pero la única respuesta se las dio en secrecía un policía que estaba de guardia: “¡Vayan por un abogado, porque aquí pasan cosas muy feas, luego hasta los desaparecen!”, recuerda Gloria Ayala, madre de Jonathan.

A Jonathan le imputaron el delito de cohecho, del cual, podía salir libre el mismo día, sólo tenía que pagar una fianza. Pero pasaban las horas y no podían ver a su hijo.  Extrañados, preguntaron a los policías ministeriales, quienes con tono burlón le avisaron a los padres que había aparecido una persona fallecida y su hijo no podía irse sin que se aclarara la situación.

Lo señalaron por cometer homicidio calificado. Al siguiente día fue recluido en el Penal de Chiconautla, donde pasó un año hasta el día de su muerte.

 

 

Delito fabricado

 

Las incongruencias en el caso eran abundantes, asegura Jorge Camacho, abogado privado que tomó el caso de Jonathan meses después de que entrara al penal.

De acuerdo con el abogado, la fiscalía estableció que el homicidio del que se culpó a Jonathan ocurrió con una supuesta discusión que tuvo con la víctima, él habría tomado ventaja y lo apuñaló por la espalda con una navaja.

Todo el caso fue basado en la declaración de un único testigo que señalaba a Jonathan como culpable, el hermano del fallecido. Esa declaración nunca se ratificó, lo que impedía continuar el proceso de liberación. “No se podía avanzar porque no se encontraba a la víctima indirecta u ofendido, que era la persona que iba a responder por quien había perdido la vida. No se le podía notificar y no se pasaba a la etapa intermedia”, dice Jorge Camacho.

Jonathan trabajaba dando servicios de belleza a domicilio, lo que podía confirmar otra inconsistencia en la investigación. El abogado del joven explica que “el día, la hora y el lugar en que se le atribuía el homicidio a Jonathan, él no se encontraba ahí. Estaba arreglando a una niña que iba a cumplir 15 años y de ahí derivan todas las pruebas de defensa. Incluso hay una fotografía en donde ese día y hora, él estaba realizando servicios de estética a domicilio”.

En cuanto al arma homicida que presentaba la fiscalía como prueba en contra de Jonathan, el abogado Jorge Camacho detectó otra irregularidad. “El arma homicida venía desensamblada, el mango y la punta del cuchillo no venían unidos uno con otro. Se podría hasta presumir que fue sembrada esa arma”, dice el abogado.

 

 

La negligencia

 

A los pocos meses de entrar al penal, a Jonathan comenzaron a salirle granitos en la piel, que de uno en uno llenaron su cuerpo de pus. Además, constantemente se enfermaba de diarreas y gripas. En el penal le realizaron un estudio médico que determinó que era portador de VIH.

De acuerdo con declaraciones de la madre de Jonathan, el diagnóstico que debió haber permanecido en privado, se extendió por todo el penal, lo que detonó actos discriminatorios contra Jonathan. Reclusos y carceleros lo atacaban diciendo que los iba a contagiar.

En pocos meses su condición de salud empeoró. Cada semana, cuando sus padres lo iban a visitar,  lo veían más demacrado y deprimido. Cualquier tipo de bacteria era determinante para que Jonathan se enfermara. Le dio una infección en la piel que le provocó ampollas. Ya no quería bañarse porque el agua fría de las regaderas del penal empeoraba su condición.

A pesar de su enfermedad, el trato que recibía en el penal seguía siendo deplorable. “Como nosotros no pagamos el “camarote”, Jonathan se quedaba en el baño”, dice Gloria Ayala. El pago que pedían era de dos mil 500 pesos para que su hijo tuviera derecho a dormir en una cama.

Al estar más de medio año en el penal, Jonathan requería acceso a servicios médicos especializados en infectología, los cuales no podían dárselos dentro de Chinonautla. Fue ahí cuando la organización Letra S, defensora en derechos humanos,  se une para exigir tratamiento a su enfermedad.

El director de Letra S, Alejandro Brito, acompañó a la familia para pedir un trato digno en el penal y que se tratara la enfermedad de Jonathan. “Junto a la familia pusimos una queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hablé directamente con los médicos del Penal de Chiconautla para decirles que Jonathan necesitaba de inmediato medicamentos”, recuerda Alejandro.

Con su intervención, hizo las gestiones para lograr que el Centro Ambulatorio para la Prevención y Control de VIH/Sida (Capacit) de Ecatepec ayudara a Jonathan con medicamentos de forma gratuita, porque en el penal le negaban la atención médica que necesitaba. 

“En los servicios médicos de Chiconautla no cuentan con médicos especializados para tratar el VIH. En Chiconautla, a pesar de que detectaron con VIH a Jonathan, jamás lo trasladaron al Capacit como debió haber sido para que lo valorara un médico especialista, tuvo que intervenir la organización para que así se hiciera”, denuncia.

Después de que se exigiera que sacaran a Jonathan del penal para tratar su enfermedad, lo llevaron custodiado al Capacit, donde se valoró su estado de salud y a pesar que tenía una infección avanzada, los doctores le dijeron que su enfermedad era curable.

Jonathan regresó al penal, pero las omisiones médicas ahí provocaron que su salud decayera más. Incluso en más de una ocasión Jonathan le comentó a su madre que los doctores del penal no le daban el medicamento.

“Los médicos de ahí no supieron qué hacer con Jonathan, no cuentan con un protocolo de atención cuando se les presenta un caso de VIH”, dice Alejandro Brito, a quien además, el médico encargado del Penal de Chiconautla le reclamó que Jonathan ponía en peligro a los demás reclusos, por no decirles que padecía VIH y que era homosexual. “Ahí demuestra que Jonathan estaba siendo tratado con discriminación, con mucho prejuicio”, dice el director de la organización Letra S.

El 27 de agosto de 2015, justo cuatro días antes de que se reabriera el caso para apelar por su liberación, Jonathan falleció. No le quedó tiempo para demostrar que era inocente y que no merecía estar en ese lugar. Murió esperando justicia que nunca llegó.

 

lrc


Debe iniciar sesión para poder enviar información

Debe iniciar sesión para poder enviar información