CIUDAD DE MÉXICO (La Silla Rota). En el poniente de Ciudad Juárez hay una tumba. Una madre visita, seguido, aquel montón de tierra sin lápida. Bajo la tierra, un ataúd blanco con el cadáver de un adolescente al que, a sus 15 años, una bala impactó en la cara y cortó la vida. La bala fue disparada por un agente de la Patrulla Fronteriza.
El agente estaba en El Paso, Texas. Desde ahí disparó, directo, a Sergio Adrián Hernández Güereca. Una distancia de 18 metros fue suficiente para que el proyectil atravesara un país y las reglas, leyes, soberanías y castigos, se confundieran para que, a más de seis años, su familia sólo tenga una tumba prestada por el gobierno de Chihuahua.
Ayer martes, el caso llegó a la Suprema Corte de Estados Unidos; la última instancia y oportunidad que tiene la familia del adolescente asesinado para llevar a juicio en el país norteamericano al agente de la Patrulla Fronteriza.
En abril de 2015 la Corte Federal de Apelaciones del Quinto circuito determinó que la familia de Sergio Adrián no podía demandar al agente Jesús Mesa Jr., en un Tribunal de Estados Unidos. Sin embargo, con el apoyo del gobierno mexicano se interpuso la apelación que dio como resultado la presentación de argumentos de este martes en la Suprema Corte.
A pesar de los argumentos de los abogados de ambas partes, una pregunta giró alrededor de toda la discusión oral: ni siquiera está claro que el caso deba ser resuelto en la Suprema Corte. La confusión es total, hasta en cosas que se suponen claras. Tampoco se sabe dónde, exactamente, termina un país e inicia otro.
“La línea divisoria ni siquiera está marcada en el suelo; ¿No es así? No se puede decir en el terreno dónde termina México y los Estados Unidos comienza. Creo que el punto es que esto parece una muy - usted sabe-, es un tipo sui generis de caso. Es esta área liminar. No quiero ... no sé si llamarla una tierra de nadie, pero es esta zona liminar, que no es ni una cosa ni otra cosa.
Así que tal vez es que los dos países lo mantienen, tal vez es que... no es una especie de país. Sea lo que sea, es algo muy diferente de la mayoría de las áreas donde sabemos exactamente de qué jurisdicción opera y cómo”, dijo durante el caso la juez demócrata Elena Kagan.
El abogado que demanda junto con la familia de Sergio Adrián, Robert C. Hilliard, fue muy claro en los puntos que propuso en un principio al abrir la discusión oral: “Sergio Hernández, de 15 años, estaba de pie en México, apenas cruzando la frontera, sin amenazas y sin armas, cuando fue asesinado a tiros por un agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos que estaba de pie dentro de Estados Unidos”.
“Este trágico caso es uno de los casos extraterritoriales más sencillos que la Corte tendrá ante sí por cinco razones: Primero, toda la conducta del oficial de policía doméstico ocurrió dentro de los Estados Unidos. Segundo, era un oficial de policía civil. En tercer lugar, era un civil demandante, no un combatiente enemigo. Cuarto, era uno de los derechos más fundamentales, el derecho a la vida. Quinto, el otro gobierno involucró apoyos. El gobierno de México apoya la reclamación”.
Sin embargo, inmediatamente los argumentos que parecieron contundentes se volvieron flexibles y se confundieron en decenas de preguntas de los jueces de la Suprema Corte, que presionaron al abogado de la familia del mexicano para que definiera un punto para seguir el caso. El abogado apela a la Cuarta Enmienda y al derecho a la vida que en ningún caso debe ser violado por un uso de la fuerza excesivo para con un adolescente desarmado que estaba al otro lado de la frontera. Entonces el problema fue la jurisdicción y la frontera se volvió un problema.
Entonces el abogado dijo que independiente de la ubicación, los hechos son claros: un agente estadounidense, en Estados Unidos, dispara directamente contra una persona que no representa una amenaza. Eso merece un castigo, argumentó. Y siguió, ¿o importaría más si la víctima fuera un estadounidense, aunque estuviera parado en territorio mexicano?
Por su parte la defensa del agente de la Patrulla Fronteriza. El abogado Randolph J. Ortega apeló al territorio y no a la agresión: “Aquí, la convulsión ocurre en México. El señor Hernández está en México. Está fuera del territorio soberano de los Estados Unidos. No hay jurisdicción de facto en esta área”, dijo.
Y así entre argumentos a favor, en contra, preguntas de los jueces, siguió la argumentación oral que no se define hacia algún lado rumbo al juicio que deliberará si la familia de Sergio Adrián tiene derecho a demandar en Estados Unidos al agente que le quitó la vida.
El último día de vida
Sergio Adrian jugó su último día de vida. Jugó junto con tres amigos a correr desde el lado mexicano hacia el de Estados Unidos para tocar la reja que impide el paso y regresar a mitad del canal del río sin agua que supone la verdadera frontera, punto imaginario de dos naciones.
Unos minutos después de las 7 de la tarde de ese 7 de junio de 2010. Al agente de la Patrulla Fronteriza Jesús Mesa Jr, no le pareció un juego que cuatro adolescentes irrumpieran en su país. Se acercó en su bicicleta y retuvo a uno. Los otros tres, entre ellos Sergio, corrieron al lado mexicano.
Lo que sigue es que dos adolescentes lanzan piedras, después el Departamento de Justicia de Estados Unidos diría que Sergio no lanzó piedra alguna. El agente arrastra al joven que tiene sometido para acercarse un poco más, al filo de la frontera, a aquellos adolescentes. Dispara una vez y todos corren, hacia atrás más a México. Pero no importa, dispara otra vez y una tercera. Sergio cae con el lado izquierdo del rostro, a la altura del ojo, atravesado.
El agente se va sin auxiliar ni pedir ayuda. Sergio queda tendido hasta que, horas más tarde, ya con la sangre coagulada que se acerca al color negro con el paso del tiempo, los elementos del Servicio Médico Forense levantan su cuerpo.
La madre y el padre buscarán justicia. Un presidente municipal les ofrecerá una casa que nunca entregará. Ella perderá el trabajo en el Municipio. Hablará con el gobernador del estado, César Duarte; él prometerá ayuda que será sólo eso: una promesa. El mayor favor que le hará el Gobierno del Estado será prestarle un pequeño espacio en un cementerio para enterrar a su hijo. Cuando quiera poner una lápida le dirán que no puede, que debe pedir permiso porque el terreno es del Estado. Y Sergio Adrián quedará enterrado adentro de un ataúd blanco bajo un montón de tierra. Sin que más 6 años después se castigue al responsable.
A 2 mil 770 kilómetros de distancia una Corte Suprema, no sabrá siquiera dónde acaba un país y empieza otro, ni si es el espacio indicado para definir el rumbo de la demanda.