Así se gesta la rebelión de falsos culpables en un penal

La llegada de un abogado a quien se le fabricaron carpetas de investigación les devolvió la esperanza a cientos de reos en la cárcel de Chiconautla

Por Alejandro Melgoza 14/02/2017 09:47 p.m.

Así se gesta la rebelión de falsos culpables en un penalPenal de Chiconautla en el Estado de México

ESTADO DE MÉXICO (La Silla Rota).- Son casi las 10:20 de la mañana del domingo 22 de enero en el Penal de Chiconautla en el Estado de México. Los internos vestidos con pants y chamarras azules –los inculpados- y los beiges –sentenciados- salen a Las Palapas, una especie de explanada con mesas largas para degustar alimentos, con el fin de recibir a sus familiares. Llevan grandes bolsas con tuppers llenos de sus guisados favoritos, aguas de sabor y postres. Hay besos, abrazos profundos, sonrisas. Al fondo se observa un altar de la Virgen de Guadalupe.

 

Desde la lejanía se ve llegar a José Humbertus Pérez, quien enfrenta proceso por robo con violencia; imputación que le llegó de repente después de ganar una lucha contra personas de poder. Arriba a Las Palapas junto con otros dos reos. En los brazos cargan una montaña de papeles: expedientes, revistas, leyes y periódicos. A su derecha está Miguel Ángel Martínez, de 35 años de edad, un hombre corpulento con tatuajes en los brazos y gorra de corte rapero. Toma asiento en una mesa con mantel de plástico verde y blanco. Baja la mirada y cruza los brazos en aquel sitio con ventisca helada. A su izquierda va Alberto Vázquez, de 48 años, un hombre alto que fue sometido a tratos crueles desde su primer día en este pequeño infierno.

 

Juntos son los “revolucionarios azules”, un grupo de 400 reos que lucha por su libertad convencidos de que son culpables fabricados por un sistema que pondera la eficiencia en los números de sentencias, o por venganzas de altos mandos o grupos políticos.

 

Y no tienen pocas razones para sospecharlo. En abril de 2016 se filtró un video en el que el fiscal de Litigaciones, Fernando Ulises Cárdenas Uribe, daba órdenes a sus subordinados para tener a más sentenciados en las cárceles del Estado de México. “‘Es que los delitos son inventados’. ¿Quién dijo que los delitos no son inventados? ¡Eso es de toda la vida, hombre! De 10 asuntos tienen que ganar ocho y perder dos”, espeta a sus trabajadores en una oficina, según consta en el video difundido en plataformas sociales.

 

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“Yo me voy a suicidar”

 

Antes de que Miguel se uniera a la “revolución”, solía decirle a su esposa que se suicidaría. “A mí me sentencia y me corbateo”.

 

El 6 de abril del 2015 fue detenido en la colonia Río de Luz, sección 19, Ecatepec, cuando se dirigía con un compañero a recoger un encargo de su trabajo.

 

Miguel era comerciante y reparador de celulares hasta que fue aprehendido en una revisión de rutina. “Como no  nos hallan nada les digo: ‘Oiga si no traemos nada por qué nos detienen (…) pero como te ven con tatuajes…’”. Después se lo llevaron y los entregaron a otro convoy en avenida López Mateos y Teocalli. Dentro de la unidad los golpearon y los trasladaron a Ciudad Azteca.

 

De acuerdo con la carpeta 853/15, el comandante los llevó donde se había cometido un delito horas antes: un robo en una tienda de esa zona que trajo por consecuencia dos balazos al oficial estatal. Los bajó y los careó con el dueño del establecimiento.

 

-¿Son ellos? –preguntó el comandante.

-No, ellos no son – respondió el dueño, como obra en el expediente. 

 

De acuerdo con Martínez, los verdaderos criminales son gente de Carlos, alias La Peggy, un sujeto que tenía un grupo de Alcohólicos Anónimos que empleaba para cometer robos. “La policía los dejaba robar y les pasaba una cuota”, comenta. La Peggy se encuentra actualmente en Chiconautla con 6 averiguaciones como “reincidente”. Ambos han platicado en la cárcel sobre este hecho.

 

A un año y nueve meses, todas estas contradicciones no habían sido tomadas en cuenta en el juzgado, hasta que empezó a asesorarse legalmente. “Tú te encuentras que entra un luchador social en un mundo de impunidad. Aquí hay gente por robar dos litros de leche o un pollo (…) Viene Humbertus y le da otro sentido a nuestros casos”, comenta en este espacio de las Palapas, conquistado por el grupo al que también llaman: Presunción de Inocencia y Derechos Humanos.

 

José Humbertus Pérez

 

En ello coincide Vázquez, cuya vida dio un giro de 360 grados al dedicarse antes como agente de aduanas y llegó en su primer día a ser golpeado por otros internos. Las acusaciones que constan en la carpeta 115 y 187/2014, resultaron con fabricaciones y sin certificaciones de médicos legistas como la de otros tantos de sus compañeros. Fue una de las primeras personas que recibió a Humbertus, “el preso de consciencia”.

 

Aquí, en las entrañas del penal de Chiconautla, los prisioneros redactaron el plan de la revolución interna a principios del año pasado. La estrategia nació en medio de penumbra, ronquidos, malos olores, chinches mordiendo, propagación de hongo y cuerpos apretados cual sardinas enlatadas. Se trataba de organizar un “motín judicial” que no requería ningún arma blanca o de fuego; sino el uso de las leyes.

 

“La ‘revolución azul’ en el penal de Chiconautla consiste en que una vez leídos los expedientes, ante la falta de argumentos, de debate de los defensores de los imputados, tomamos la palabra en los juzgados, y comenzamos a hacer valer la presunción de inocencia (…) Nacemos en el corazón de un proceso acusatorio en crisis de uno de los estados más corruptos del país”, dice José Humbertus Pérez Espinoza, líder del Frente Mexiquense en Defensa de una Vivienda Digna.

 

El Humbertus actual contrasta con el de años atrás: el del hombre trajeado, a veces sin corbata, siempre con un vocablo lleno de tecnicismos jurídicos. De tez morena y con unos lentes de pasta negros, Humbertus ahora viste una chamarra, pants y camisa azul con los logos del equipo local  de futbol Cruz Azul. Aprovecha los tonos del penal para vestirse de ese modo. Es un sujeto de muchas palabras y poco apetito. “En la cárcel la comida no sabe a nada”, comenta el defensor en un tono sobrio y mirada detectivesca.

 

Cómo comenzó la historia

 

Esta historia empezó con el encarcelamiento infundado del profesor en 2015 cuando llevó una ofensiva legal contra la empresa Inmobiliaria Urbi, la cual construyó complejos habitacionales sin servicios públicos y levantadas con materiales de mala calidad. La obra fue avalada como completa por Aarón Urbina Bedolla, alcalde de Tecámac, Estado de México, y quien ha repetido en el cargo tres veces.

 

Denunciar a la empresa inmobiliaria Urbi Desarrollos Urbanos lo costó su libertad. El Frente Mexiquense en Defensa de una Vivienda Digna logró la detención por unas horas del ex apoderado legal, René Jaime Mungarro. Por ello la asociación recibió amenazas de muerte; y el antecedente lo interpusieron en una denuncia en contra de los hermanos Urbina Bedolla el 14 de octubre del 2015.

 

A Humbertus le fueron fabricadas carpetas de investigación en su contra por el supuesto delito de robo con violencia, según su defensa. Fue encarcelado sin un debido proceso. En el año y dos meses que lleva como preso no sólo encontró una prisión huérfana, sin recursos y con privilegios para los poderosos como #LordRollsRoyce, sino a hombres y mujeres encarcelados por delitos fabricados. Procesos violados. Sentencias emitidas sin investigaciones. Inocentes tachados de sicarios o secuestradores. Es una constante que documentó este medio en 13 casos a los que tuvo acceso.

 

 

José Humbertus, quien es profesor del Instituto Politécnico Nacional, fue detenido el 4 de noviembre del 2015 por dos agentes debido a un supuesto reporte de robo de su camioneta. Mostró los papeles. “Hay una orden de aprehensión contra usted”, le espetaron. Lo esposaron. “Esa orden nunca se la mostraron”, explica su esposa Beatriz Juárez. Primero fue trasladado al Ministerio Público de Ecatepec e ingresado al penal. Al día siguiente se le acusó de robo con violencia a casa habitación en la primera audiencia. En la carpeta 1720/2015 Delia Hernández relata que su hermana le contó que Humbertus entró con una pistola a amenazar y a robar a su casa, según los documentos obtenidos por La Silla Rota. “Se le da citatorio a la hermana de Delia, y no se presenta. Y el domicilio de la hermana no existe; es la que hace la imputación y ya no aparece”, explica Juárez.

 

Al final se ordenó su libertad.  Vino la siguiente carpeta: la 1718/2015 de Noé Centeno por el mismo hecho. Fue desestimada por falta de pruebas. En enero del año pasado siguió la 63/2016 de Norma Olguín. Para el abogado Gutiérrez, “la Procuraduría tendenciosamente las fue rociando (las carpetas), para poner candado tras candado al profesor”, explica.

 

Cuando parecían favorables los veredictos, lo vincularon a proceso por lo mismo. El caso fue turnado al Tribunal local, presidido por Sergio Javier Medina Peñaloza, quien designó como “magistrados sustitutos” a dos jueces. El litigante Alejandro Jaimes Gutiérrez alega que de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Edomex, esto se trata de una medida ilegal.

 

Actualmente están en proceso de revisión de un proceso de amparo.

 

En la última audiencia del 10 de febrero, la jueza no aceptó las 15 documentales como medios de prueba para la defensa.

 

El “preso de consciencia” detalló en sus últimas palabras ante el juzgado que le están fabricando otra nueva carpeta de investigación. El testimonio falso que utilizará la autoridad, acotó, será el del reo Roberto Romero Villareal, sentenciado por secuestro y conocido en el penal por encargarse de cobrar derecho de piso de entre mil y mil 500 pesos a los “procesados”. Lo tienen en el mismo módulo que Humbertus a pesar de que su población debería ser con los sentenciados.

 

Primer amparo de reos unidos

 

Humbertus y los otros reos sabían que además de la lucha particular debían tener una estrategia juntos, por ello interpusieron el amparo colectivo 1595/2016-III presentado en el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Edomex, Naucalpan de Juárez, a través de Beda Sarmiento, representante de Presunción de Inocencia y Derechos Humanos, quien opera desde afuera junto a la titular Mary García. Poco más de 400 inculpados exigen revisiones por fabricación de carpetas y violación a la presunción de inocencia.

 

Está fechado el 24 de noviembre del año pasado y dirigido al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Edomex, Sergio Javier Medina Peñaloza; y al fiscal especial para combatir los delitos cometidos por servidores públicos, Mario Guerrero López. Alegan que “los delitos están fabricados y no cuentan con pruebas suficientes”.

 

“Es el primer amparo colectivo en la historia de este país, en donde se dice que ya basta que se nos estigme como violadores, secuestradores, homicidas, eso no puede ser un sistema penal acusatorio hasta que se demuestre lo contrario (…) hicimos un amparo colectivo para reponer los procedimientos, en donde haya fabricación de delitos por tortura, y entonces ahora los tenemos contra la pared porque ha sido exhibido el Poder Judicial y el de PGJEM”, añade Humbertus.

 

La Silla Rota buscó a la Procuraduría de Justicia del Estado de México para conocer su opinión acerca de las denuncias y el movimiento dentro del penal, así como del caso Humbertus, pero hasta este momento no respondió a la petición.

 

 

Los reos liderados también redactaron una carta a altos funcionarios en la que señalan que de 640 casos en los que acusan la violación a su presunción de inocencia, de ellos 422 fueron presuntamente torturados.

 

A los reos les llegó en octubre del 2016 a sus manos un estudio que han subrayado, leído y releído. En grupo realizaron la lectura grupal del estudio ¿Cómo se juzga en el Estado de México?: una radiografía de la operación del sistema de justicia penal acusatorio elaborado por México Evalúa y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). “Nos identificamos con el estudio”, coinciden. Este documento incluso se ha presentado como una prueba documental durante las audiencias.

 

En el informe se detecta “el uso de la prisión preventiva en la gran mayoría de casos y en circunstancias que sugieren que existe un uso excesivo de esta medida cautelar. Esto significa que el sistema sanciona antes de una determinación de culpabilidad, una práctica característica del sistema penal mexicano no reformado y que es violatoria de la presunción de inocencia”.

 

--¿Qué puede esperar un ciudadano mexiquense al ser acusado en el sistema de justicia del Edomex? –se le pregunta al doctor Gustavo Fondevila, uno de los investigadores que participó en el equipo para elaborar el informe.

--Que termine culpable, eso es lo que puede esperar (…) si el sistema te atrapó la posibilidad que tú tienes de que termines con una condena es de un 90 y 95%, es decir, a menos que tengas mucho dinero y puedas pagar muy buenos abogados que presenten amparos, apelaciones, pruebas…

 

De acuerdo con el estudio, en el 86.1% de las sentencias en juicios orales el imputado es condenado por todos los hechos que se le achacan; en tanto el 81.1% de los recursos que presentan las defensas de los acusados “no logran una modificación de la decisión original del tribunal oral, lo cual también puede reflejar una falta de investigación, de argumentación y seguimiento de los casos”.

 

Represión en el penal y los logros de la “Revolución”

 

Las represiones al empezar el movimiento no tardaron en cocinarse dentro del penal. A todos los inculpados que están en la “revolución azul” los comenzaron a intimidar desde el juzgado de Chiconautla. Antes de comenzar las audiencias apagaban audio y video de las salas para decirles: “¿Tú estás con Humbertus? Te vamos a condenar, te va a ir mal”. Después hubo operativos para romper y eliminar todas las leyes que encontraran en las celdas, aseguran en distintos testimonios.

 

Los custodios han intentado dividir a la población: “Por culpa de Presunción no habrá tal o no habrá tal”. Pero la relación que Humbertus lleva con los 13 jefes de celda le ha permitido sobrevivir y protegerse, pues simpatizan con la causa. Aunque dos veces lo intentaron asesinar. La primera ocasión se sabe gracias a Miguel Martínez, a quien le ofrecieron su libertad y 200 mil pesos por “darle piso”.

 

Martínez asegura que el 5 de noviembre del año pasado lo citó en los locutorios la abogada Valentina Granados -una de los principales operadores para la fabricación de carpetas en Chiconautla, según los prisioneros- para presuntamente asesinar a Humbertus. “Tengo un enemigo que está dando lata”, le dijo. Supuestamente le propuso hacerlo de dos formas: inyección de aire o envenenamiento en sus alimentos.

 

 

Martínez consultó a su mejor amigo Mauro Pérez, alias El Tío Pérez, un jefe de módulo que tuvo la encomienda de proteger a Humbertus. “Oiga Tío qué cree, hay una persona, la licenciada me está prometiendo mi libertad para que le haga la broma a Humbertus”, dijo. Le contestó: “No y no, y es más, te doy la orden de que te encargues de la seguridad de él”. Ahora Miguel es como el brazo derecho de Humbertus.

 

Después El Durango, El Chaky y El Oropeza, supuestos sicarios de un grupo criminal de Huayatenco, Tecámac, recluidos en la celda 9, intentaron eliminarlo meses después con el uso de “fierros”, una especie de metales alargados y afilados. Martínez frustró el plan cuando se dirigían a atacarlo.

 

El comité sabe que tiene enemigos por todos lados: juzgado, penal y la procuraduría; aun así cada vez son más revolucionarios en la Presunción de Inocencia y Derechos Humanos. Ahora los internos ven con melancolía su probable libertad del activista, pero el mismo Humbertus dice: “desde afuera seguiremos”.

 

Algunos de los logros del movimiento ha sido tener acceso a medicamentos, a sus propios expedientes y documentos sobre leyes y temas legales. También lograron la baja de 10 custodios señalados de maltratar a los reos.

 

De noche todos los gatos son pardos

 

Los golpes no dejaban de lloverle por todo el cuerpo. Durante casi tres horas cuatro puños se estrellaban en repetidas ocasiones en la anatomía de Ricardo Rojas, de 38 años. Los agresores eran los municipales de Ecatepec, Óscar Covarrubias y Humberto Hernández, quienes lo habían subido a la patrulla luego de hallarlo bebiendo alcohol en la vía pública el 11 de enero del año pasado a las 23:40 horas.

 

-¿Por qué no lo han llevado al MP? –les dijo otro policía esa madrugada.

-Es que viene golpeado.

-Métanlo por alteración al orden y digan que la gente lo golpeó.

 

Adentro de la unidad los agentes comenzaron a discutir qué hacer con el treintañero. “En eso llega una llamada de auxilio de un robo a un Oxxo, y le pregunta el policía que iba al mando cómo eran las características del presunto sospechoso (…) y lo único que contestó fue: no te preocupes, aquí tenemos uno, de noche todos los gatos son pardos”, cuenta el reo que participa en el comité de Presunción de Inocencia y Derechos Humanos, quien lo dejó acreditado en la carpeta 567/2016.

 

 

Después lo trasladaron al Oxxo donde se había cometido el delito. Lo carearon con el empleado que atendía. Sólo lo miraba extrañado, sin decir palabra alguna. No lo reconoció como el autor material, por lo cual uno de los oficiales se acercó al trabajador y le espetó algo al oído que no se escuchó. Minutos después salió a decir: “Sí, sí fue él”.

 

“Ahora sí te vas a chingar a menos que tengas 50 mil pesos”, le dijo uno de los uniformados, según su relato. Ricardo no los tenía, les ofreció su departamento de Zumpango, ellos no aceptaron y lo entregaron a las autoridades. Ahí la médico legista Bertha Duarte anotó que venía sin “ningún golpe” pese a que las marcas en el cuerpo eran visibles, según su declaración. Por esa razón fue llevado tras los barrotes de Chiconautla, la llamada prisión autoritaria. Por eso se unió a la rebelión judicial.

 

Ninguno de los miembros del comité se suelta en llanto. Son secos y concretos para mencionar por qué sus carpetas están fabricadas. Aunque la prisión roba vida, reconocen que las emociones nublan sus pensamientos. “En la cárcel las lágrimas se te acaban”, expone Humbertus.

 

A la salida de Chiconautla hay jóvenes presos besándose con sus esposas y novias; padres de familia jugando dominó con sus hijos en mesas de plástico; familiares dando 10 pesos para participar en la rifa de artesanías elaboradas por los reclusos; realizando servicios de meseros yendo de un lado a otro calentando tortillas o guisados.

 

Desde la cárcel, sus voces parecen ahogadas. Pero hoy están convencidos que la “revolución azul” tendrá un primer paso: el amparo colectivo que se determinará en unas semanas. Dicen que es una bomba judicial dirigida a todo el aparato que fabricó culpables desde la administración de Arturo Montiel hasta la de Eruviel Ávila. A diario José Humbertus escribe en una pequeña libreta un libro sobre esta revolución, una que considera, debe contagiarse en otros penales del país.

 

Unidad de Investigaciones Especiales LSR

Dirección: Sandra Romandía

 

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