Apatzingán: homicidios y ejecución extrajudicial siguen impunes

Siete personas fueron asesinadas; las víctimas recibieron de cinco a 27 balazos de las armas de la Policía Federal

PARIS ALEJANDRO SALAZAR 05/01/2017 10:29 p.m.

Apatzingán: homicidios y ejecución extrajudicial siguen impunes

La madrugada del 6 de enero de 2015, la Policía Federal y el Ejército mexicano montaron un operativo para recuperar las instalaciones del palacio municipal del Apatzingán, donde un grupo de ciudadanos mantenía una protesta desde semanas atrás, el saldo fue de siete muertos.

 

A dos años, persiste la impunidad, ya que no hay detenidos ni sentenciados por los hechos.

 

Las víctimas recibieron de cinco a 27 balazos de las armas de la Policía Federal, por lo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló que los uniformados incurrieron en el uso excesivo de la fuerza que derivó en la privación de la vida de cinco personas, además acreditó la ejecución extrajudicial de otra persona.

 

“La PF incurrió en el uso excesivo de la fuerza pública, dado que las víctimas no opusieron resistencia ante la autoridad; gritaron y levantaron los brazos en señal de rendición y, tal y como se advirtió de la opinión de mecánica de lesiones emitida por este Organismo Nacional, los agraviados no realizaron maniobras de resistencia y la PF disparó en su contra, al menos en 49 ocasiones”, consideró la CNDH.

 

El Organismo nacional aseguró que “cuenta con evidencias que permitieron acreditar la violación al derecho a la vida en agravio de V44, V45, V46 y V47 (tripulantes de una camioneta Acadia color negro), cometidas por servidores públicos de la PF”.

 

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Falso enfrentamiento

Tras la liberación del Palacio Municipal de Apatzingán, alrededor de las 07:37 horas, un convoy de 15 unidades de la Policía Federal, tres plataformas y una grúa partieron con dirección al depósito vehicular “Grúas Ríos” para resguardar los automotores asegurados a los civiles en la maniobra de la madrugada.

 

Un grupo de civiles se congregaron frente a la sede del gobierno y abordaron 10 vehículos para salir tras la caravana federal. La alcanzaron cuando circulaba por la avenida Constitución de 1814, entre las calles Luis Moya y Plutarco Elías Calles, lo que desató una balacera, donde siete personas murieron, entre ellas, dos mujeres.

 

Las víctimas viajaban en una camioneta RAM tipo Pick-Up color blanco y una camioneta Acadia color negro.

 

En el parte informativo de fecha 7 de enero de 2015, personal de la Coordinación de Reacción y Alerta Inmediata de la Policía Federal informó que los tripulantes de una camioneta tipo Pick-Up y de una Acadia detuvieron su marcha y descendieron, al tiempo que realizaban disparos en contra de ellos.

 

El acta de levantamiento de los cadáveres desvanece la versión de la Policía Federal de que los civiles de la camioneta Acadia dispararon en su contra, ya que el documento señaló que los cuatro occisos no poseían armas de fuego y tampoco se encontró algún arma cerca de sus cuerpos, aun cuando localizaron un fusil de asalto -el cual estaba fuera de su radio de acción.

 

Las fotografías de la procuraduría de Michoacán mostraron que cercana a los cuatro cuerpos únicamente se observaron palos y no armas de fuego cortas o largas, por lo que los occisos se encontraban desarmados.

 

Además en las cercanías de la camioneta Acadia se encontraron 90 casquillos percutidos del calibre 308, los cuales no corresponden al calibre .223 del fusil de asalto que fue encontrado en el interior de dicho vehículo.

 

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Para la CNDH la Policía Federal “implementó la fuerza letal en agravio de V45 y V46 (mujeres), con lo cual se transgredió lo previsto en los artículos 7a. y 8c. de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer ‘Convención de Belém do Pará’, que establece que los Estados Partes deben ‘(…) abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar porque las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación;’ y ‘Fomentar la educación y capacitación del personal en (…) policial y demás funcionarios encargados de la aplicación de la ley’ (…)”.

 

La Policía Federal en un parte informativo indicó que mantuvieron un intercambio de fuego por aproximadamente 15 minutos. La CNDH comprobó que V49 (víctima mortal) –quien viajaba en la camionera Acadia- no realizó maniobras de lucha o forcejeo para ser sometido por los policías federales, y que la víctima recibió 14 impactos de proyectil de armas de fuego, una de ellas en el rostro.

 

“La herida producida por el proyectil que impactó en la mejilla izquierda y salió en la parte frontal del cráneo, la que provocó la muerte, haciendo la precisión que la lesión referida y otra en la cara anterior externa tercio proximal de muslo izquierdo, de acuerdo a los trayectos de los proyectiles de arma de fuego, le fueron producidas mientras se encontraba caído, en tanto que su agresor estaba de frente y de pie respecto a la víctima, lo que evidencia la intencionalidad de privarlo de la vida, puesto que se encontraba neutralizado e indefenso”, señaló el peritaje.

 

El Organismo nacional a CNDH concluyó que “derivado del uso excesivo de la fuerza letal se ocasionó la ejecución extrajudicial de V49, lo que vulneró sus derechos a la vida, integridad y seguridad personal”.

 

Hasta el 10 de julio de 2015 en el oficio PF/DGAJ/5136/2015 suscrito por el Comisario Jefe de la Policía Federal, dirigido al Director General de Apoyo Jurídico de la Comisión Nacional de Seguridad por el que le informó que se le dio vista a la Unidad de Asuntos Internos, a fin de que se iniciara la investigación correspondiente por las “probables conductas irregulares en las que incurrieron servidores públicos” de esa corporación policiaca durante el desalojo del palacio municipal de Apatzingán.

 

A dos años de los asesinatos y la ejecución extrajudicial, no hay detenidos, el falso enfrentamiento sigue impune en Apatzingán.

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