22 de Mar de 2017 Actualizado 16:17
Opinión

El video de Tomás Zerón

¿Pero qué necesidad...?: Juan Gabriel.

Domingo 24 de abril de 2016.

 

Gran patio del Claustro de Sor Juana AC, en el centro histórico de la Ciudad de México, había mucha gente congregada, entre ellas familiares de los normalistas desaparecidos, periodistas, personalidades de la sociedad civil y defensores de derechos humanos.Fue notable la ausencia de las autoridades del gobierno e incluso del mismísimo ombudsman nacional;  uno de los comisionados de Atención a Víctimas estuvo en el lugar, pero por algún motivo se retiró  antes del informe.Todos esperaban el “informe final” del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para el caso Ayotzinapa.

 

De repente muchas personas, enumeraron del 1 al 43 –1, 2, 3, 4, 5...– para luego clamar en un potente coro: “¡vivos se los llevaron, vivos los queremos!”; después guardaron silencio, un gran silencio…

 

En ese marco los cinco expertos del grupo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expusieron sus conclusiones tras un año y dos meses de trabajo.

 

Hay muchas observaciones y críticas al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto…

 

Los peritos llegaron a México en marzo de 2015, fueron invitados tras un acuerdo con el gobierno y la CIDH por seis meses. Tempo después su mandato fue renovado pero sólo hasta el 30 de abril.

 

En el extenso informe, de más de 600 paginas, los expertos hacen duras observaciones sobre la forma de trabajo de la Procuraduría General de la República (PGR), a quien acusan de no haber seguido líneas de investigación claves, haber manipulado evidencias, proteger a oficiales sospechosos de participación en las desapariciones forzadas y de torturar a presuntos culpables para asegurar “confesiones”.

 

Además detallan "obstrucciones" a su investigación, principalmente en 2016 como el no poder entrevistar a 17 detenidos y al 27 batallón del Ejército, lo que “limitó de forma muy importante las posibilidades de avance”.

 

Nuevamente indicaron que no existe evidencia científica de que los 43 jóvenes hayan sido incinerados en el basurero de Cocula.

 

También, según el reporte, no debe descartarse la posibilidad de que la razón detrás de las desapariciones sea el tráfico de heroína hacia EU, punto que se había planteado desde el primer reporte, presentado en septiembre de 2015.

 

El informe presentado incluye las preguntas que querían formular a los militares y éstas se refieren a sus labores de inteligencia la noche de Iguala, las fotografías que tomaron en el Palacio de Justicia y las órdenes emitidas o las salidas de las patrullas.

 

El grupo concluye pues meses de trabajos sin que se sepa el destino de los 43 muchachos desaparecidos la larga noche negra del 26 de septiembre de 2014.

 

Lo que se sabe con certeza es que esa noche varios policías municipales presumiblemente coludidos con el cártel Guerreros Unidos atacaron sin piedad a estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa que dejó un saldo de seis muertos, 25 heridos y 43 desaparecidos. De entre estos, sólo uno ha sido plenamente identificado con pruebas genéticas de ADN, de otro, los análisis arrojaron alta probabilidad, y se sospecha que 17 de ellos pudieron haber sido incinerados en un basurero de Cocula.

 

Las primeras investigaciones estuvieron a cargo de la autoridad local. La Fiscalía del Estado recogió los hechos ocurridos de las 23 horas en adelante de acuerdo a la averiguación previa HID/SC/02/0993/2014.

 

Días después, el 30 de septiembre, varias organizaciones civiles alzaron la voz por las desapariciones forzadas y pidieron la intervención de la CIDH; ese día, el secretario ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza estaba en México en un foro sobre discriminación, y de inmediato urgió al Estado mexicano a realizar “una búsqueda efectiva y diligente que permita la localización inmediata de las personas desaparecidas”, así como investigar los hechos y sancionar a los responsables; tres días después la institución emitió su resolución MC409-14, en la que da un plazo de 10 días al Estado mexicano para determinar la situación y paradero de los jóvenes.

 

El caso llego tarde a la PGR.

 

La PGR atrajo el caso hasta el sábado 4 de octubre por las presiones nacionales e internacionales...

 

“El procurador general de la República (Jesús Murillo Karam, entonces), con base en las facultades que le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me ha instruido atraer la investigación por la desaparición de alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero. Lo anterior en razón de que existen elementos suficientes para ello, de acuerdo con los documentos que envió la Procuraduría General de Justicia del estado”, dijo Rodrigo Archundia Barrientos, subprocurador de SEIDO, de acuerdo al boletín 180/14 emitido a las 23:15 horas de ese día.

 

Horas antes supimos de las fosas clandestinas en las zonas de Pueblo Viejo y Loma de Coyote, en Iguala. El fiscal Iñaki Blanco confirmó el hallazgo y horas después, dijo simplemente que quedó esclarecido que fue el director de Seguridad Pública de Iguala, Francisco Salgado Valladares, quien ordenó detener a los estudiantes. Añadió que, de acuerdo con las mismas indagatorias, un individuo conocido como El Chuky, del grupo delictivo "Guerreros Unidos", habría ordenado el secuestro y asesinato de los jóvenes.

 

En otros tiempos ahí hubiera quedado todo, pero estábamos ante un asunto de lesa humanidad.

 

Desde entonces han pasado muchísimos días, mucho trabajo, comisiones, especiales, indagatorias, pruebas, declaraciones, renuncias, declaraciones y un largo etcétera.

 

 

Los datos duros son evidentes…

Para la PGR la investigación del caso Iguala representa la más exhaustiva de la historia de la procuración de justicia en México. Hasta el día del informe se han realizado 851 acciones de búsqueda, se han consignado a 168 personas -123 detenidos-; de entre ellos 54 son policías municipales de Iguala, 19 de Cocula; 50 más dos integrantes del grupo delictivo “Guerreros Unidos”, entre los que se encuentran integrantes de células que operaban en Huitzuco.

 

La autoridad ministerial ha realizado mil 651 intervenciones periciales, 850 declaraciones ministeriales, 98 extracciones forenses, 135 tomas de muestras de ADN, 20 cateos, entre otras muchas diligencias.

 

El GIEI tuvo a decir de la PGR casi 100 juntas de trabajo, 312 de las cuales se dieron con la procuradora Arely Gómez, “y el resto con funcionarios de primer nivel, para desahogar peticiones, analizarlas y tomar acuerdos en torno a la Investigación, sumado al trabajo cotidiano con el equipo ministerial”.

 

Además el GIEI sostuvo reuniones de trabajo con el secretario de Gobernación y con el subsecretario de Derechos Humanos de dicha dependencia.

 

Las últimas se dieron este martes 26 de abril, sin la presencia del secretario Osorio Chong.

 

Sin comentarios.

 

 

Las primeras reacciones al informe

Fueron a través de la red social Twitter, la primera fue del presidente Enrique Peña Nieto quien afirmó que la PGR analizará el informe para integrarlo a la investigación de Ayotzinapa.

 

 

 

 

 

En tanto, la titular de la PGR, Arely Gómez González confirmó que la dependencia cumplirá la instrucción presidencial de continuar investigando la desaparición de los 43.

 

 

 

Asimismo, señaló que durante su estancia en México, los integrantes del GIEI trabajaron con la PGR.

 

 

 

En un tercer tuit reiteró el compromiso de la Procuraduría con los familiares y víctimas de Ayotzinapa y en la defensa y protección de los derechos humanos.

 

La PGR reiteró que investigación de caso permanece abierta.

 

Eber Omar Betanzos, subprocurador de Derechos Humanos de la PGR declaró que la investigación del caso Iguala continúa siendo un trabajando de tiempo completo y aun atienden las líneas de investigación. Además, destacó que la PGR no permitirá impunidad y continuarán las investigaciones hasta que todas las personas responsables de la desaparición de los normalistas sean presentadas ante las autoridades.

 

Del mismo modo, sostuvo que esta es la investigación más grande que ha realizado la PGR, la cual contó con ayuda internacional y fija precedentes en diversos temas periciales.

Del mismo modo, agradeció al GIEI por las aportaciones que proporcionó, las cuales serán analizadas con apertura, responsabilidad y apego a derecho.

 

Reacciones en medios.

 

Han sido críticos, sobre todo la cabeza del editorial del periódico The New York: México huye de la verdad. Crítica al gobierno de EPN por la campaña realizada en contra de los expertos del GIEI, y sobre todo que nadie en el gobierno estuvo presente en la entrega del informe.

 

Aunado a esto, hay un elemento que vino a “contaminar” el asunto; un video.

 

Se trata de un video de poco más de 5 minutos dado a conocer ese domingo por el grupo de expertos, y que pone en duda el proceso penal, ya que hace ver que todo fue “preparado” por la  PGR un día antes del supuesto hallazgo de dos bolsas que contenían restos óseos…

 

 

Las imágenes difundidas se centran en un momento clave de las indagaciones: El descubrimiento en el río San Juan de restos óseos del normalistas, entre ellos, el del joven Alexander Mora, único identificado científicamente.

 

La reconstrucción oficial dada a conocer por la PGR sostiene que el grupo delictivo de Guerreros Unidos, después de matar y quemar a los estudiantes, recogieron los restos en bolsas y los lanzaron al río.

 

Este punto aparentemente no cuadra.

 

Además como han dicho una y otra vez, tanto los familiares de las víctimas como los expertos internacionales, sobre todo los antropólogos forenses, no se cumplió con la cadena de custodia y apuntan, aunque sin explicitarlo, que fue una prueba puesta ahí para dar sustento a la versión oficial.

 

En efecto, la grabación, basada en una serie de vídeos y fotografías tomadas el 28 de octubre muestra cómo uno de los inculpados, Agustín García Reyes, alías El Chereje, fue llevado al lugar del hallazgo de los restos humanos un día antes de que este supuestamente tuviese lugar.

 

“En las imágenes también aparecen servicios periciales, pero de ninguna de estas diligencias existe registro en el expediente.

 

En el video podemos ver al director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, recorriendo el lugar con un equipo de peritos. Hay hombres armados en los alrededores. Pero el asunto no quedó ahí sino que en las imágenes se aprecia las dos bolsas con restos óseos en las márgenes de río.

 

Carlos Beristaín, quien presentó el video a nombre del grupo de expertos hizo la narración durante el informe presentado y no calificó los hechos en el vídeo sólo los mostró y describió lo que se apreciaba. “No sabemos qué pasó ahí. Debe ser investigado”, apuntaría escuetamente.

 

La primera reacción fue del subprocurador Eber Betanzos dijo:

 

“En relación con el video mostrado el día de hoy por el GIEI, la PGR analizará dicho material y en el marco de la investigación determinará lo conducente”.

 

En efecto, según el dictamen de criminalística de campo emitido por peritos de la PGR el 7 de noviembre del 2014, la entrega de los buzos de la Marina de dicha bolsa a la PGR se produjo el 29 de octubre del 2014.

 

¿Pero realmente pudo haber sido sembrada la evidencia?

 

¿Qué ocurrió con este asunto?

 

Un reportaje de Marcela Turati en la revista Proceso -#1986, 1 de noviembre de 2014- dice que el (martes) 28 de octubre, cuando la presión iba en aumento, (Jesús) Murillo anunció que había un tercer lugar a analizar, al cual se llegó tras la declaración de los últimos cuatro detenidos. Invitó a la prensa a visitarlo.

 

Agrega en su reportaje que“los fotógrafos fueron llevados al basurero de Cocula y desde arriba de lo que parece un cráter vieron a una docena de forenses enfundados en trajes blancos nuevos peinando el terreno para ubicar tierra removida, plantando banderines, y a los perros olfateadores en acción. Nunca se explicó a la prensa cuál había sido el hallazgo”.

 

Agrega el texto de Marcela que “en las imágenes tomadas por fotógrafos y camarógrafos en los alrededores del basurero, cerca del río Cocula, se observa al jefe de la Agencia de Investigación Criminal y coordinador de la búsqueda, Tomás Zerón preocupado, junto a un detenido traído en helicóptero –con el rostro escondido bajo una chaqueta negra y custodiado por un judicial con metralleta– quien señaló un punto donde supuestamente quemaron a algunos jóvenes; sus cenizas las arrojaron al agua”.

 

¡Eso es lo que muestra el video!

 

O sea, que los hechos ocurrieron y fueron evidenciados en su momento.

 

¿El problema de la PGR fue no haber compartido información con los antropólogos forenses?

 

Quizá.

 

Ese asunto volvió a salir el 27 de enero de 2015 cuando el procurador Murillo junto con Tomás Zerón, convocaron a una conferencia de prensa dando los avances de la investigación y explicando cómo habían sido quemados los jóvenes en el basurero de Cocula. Dijo Murillo Karam, entonces.

 

“Ésta, es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia, como se muestra en el expediente, y que ha permitido ejercitar acción penal en contra de los 99 involucrados, que han sido detenidos hasta hoy...”.

 

Ese fue el otro gran error haber dicho “verdad histórica”. Aunque un día después intentó corregirlo. Aseguró en entrevista radial –con Ciro Gómez Leyva– que la investigación por la desaparición y homicidio de 43 normalistas no está cerrada. "Dije que no había terminado la averiguación, que estaba abierta", agregó.

 

 

Respuesta de los antropólogos

Días después, el 7 de febrero de 2015 el grupo de antropólogos forenses dijeron que ellos no estuvieron presentes cuando se recuperó la bolsa con fragmentos óseos que según la PGR, fue recuperada del Río San Juan, Cocula: “Según el dictamen de criminalística de campo emitido por peritos de la PGR el 7 de noviembre del 2014, la entrega de los buzos de la Marina de dicha bolsa a la PGR se produjo el 29 de octubre del 2014. El EAAF fue convocado por la PGR a la vera del Río San Juan cuando dicha bolsa ya se encontraba abierta y siendo analizada por peritos de la PGR. Un número importante de fragmentos aparentemente provenientes de esa bolsa, se encontraban ya expuestos sobre una lona. Entre ellos, se distinguía la muestra que culminó con la identificación del joven Alexander Mora Venancio por ser una pieza menos quemada y de mayor tamaño que las demás. El EAAF se incorporó a la limpieza de fragmentos óseos provenientes de dicha bolsa a partir de ese momento y no antes”.

 

“Por lo tanto, el EAAF no firmó la cadena de custodia correspondiente a la entrega de la bolsa de evidencia por parte de los buzos de la Marina a la PGR, porque no se encontraba presente en ese momento en el río San Juan”.

 

El 9 de febrero de 2015 la PGR le responde a través de un boletín:

 

Con relación al señalamiento, de que el EAAF no estuvo presente cuando se recuperó la bolsa con fragmentos óseos en el Río San Juan, se señala que no estuvieron presentes en el momento del hallazgo, (que fue realizado dentro de una diligencia ministerial) a pesar de que les fue comunicado el inicio de la diligencia la noche anterior, por parte del equipo de la Procuraduría General de la República. La mañana del 29 de octubre de 2014, el EAAF decidió darle prioridad al basurero de Cocula y se dirigió a él en lugar de al Río San Juan, aun cuando el vehículo que los transportaba tenía como primer arribo el Río, lugar al que llegó y descendió personal de la Procuraduría (incluyendo peritos) para realizar dicha diligencia.

 

Además del Agente del Ministerio Público de la Federación que conducía la diligencia, se encontraban en el lugar dos testigos de asistencia, un Fiscal de la PGR, buzos de la Secretaría de Marina Armada de México y más de cien personas de diversas instituciones del Gobierno Federal resguardando la zona.

 

Agrega el comunicado de la PGR de entonces:

 

“Esta Procuraduría actuó conforme a sus facultades y no acepta duda alguna en que la diligencia practicada y los indicios encontrados tienen validez jurídica dentro de la investigación, a pesar de no haber estado presente el EAAF”.

 

Con relación al señalamiento del EAAF respecto de que no firmó la cadena de custodia de los hallazgos encontrados en el Río San Juan, la PGR señala que el EAAF no es autoridad y su función se circunscribe únicamente al análisis antropológico y genético, además de que la cadena de custodia fue iniciada por el Agente del Ministerio Público de la Federación que condujo la diligencia, quien, además de ser el responsable de la misma, tiene fe pública, por lo que la PGR les recuerda que la petición hecha de que les sea entregada la cadena de custodia de dicha diligencia, rebasa con creces su función de peritos habilitados.

 

Dicen más cosas.

 

Pero es evidente que hay imprecisiones en las fechas de los comunicados, vuelven a decir que fue el 29 de octubre de 2014 cuando debieron haber precisado que el día 28 de octubre ocurrió una diligencia.

 

¿Por que no decir las cosas claras?

 

Por lo pronto los familiares de las victimas piden sean investigados y separados de sus cargos, Tomás Zerón de Lucio, y la coordinadora general de Servicios Periciales, Sara Mónica Medina Alegría.

 

En conferencia de prensa para expresar su respaldo al informe final del GIEI, César Mario González, padre del normalista César Manuel González, dijo que tanto Zerón como Mónica Medina le deben una explicación a las familias sobre lo que hacían el 28 de octubre de 2014 en el río San Juan, recogiendo evidencia que no obra en el expediente.

 

¿Qué paso?

 

¿Error de primaria o realmente hubo siembra de evidencias?

 

Por lo pronto el tema está en el ojo del huracán.

 

Así las cosas. Como dice el poeta popular Juan Gabriel “pero qué necesidad...”.

 

En el momento de escribir este texto se dice que habrá información del caso.

 

@fredalvarez

@OpinionLSR

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