20 de Ene de 2017 Actualizado 22:19
Opinión

Desaparición forzada: indignación, miedo e impunidad

Como lo han documentado diversos organismos internacionales, la situación de México frente a los crímenes es preocupante.

En el marco del “Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas”, también denominado "Día internacional del detenido desaparecido", es importante subrayar que no hay un delito que sea más lastimoso para un Estado y una sociedad que aspira a la justicia, que el que se comete desde el propio Estado, como es el de la desaparición forzada de las personas. 

 

La desaparición forzada es una práctica terrible que se ha usado a menudo como estrategia para infundir el terror en los ciudadanos. La sensación de inseguridad que esa práctica genera no se limita a los parientes próximos del desaparecido, sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad.

 

En los últimos años, los testimonios de familiares de las víctimas que han sufrido en carne propia este terrible crimen, han hecho visible el infierno que el Gobierno federal ha tratado de negar, ocultar o de minimizar.

 

Para quienes son ajenos a estos crímenes, dar un calificativo de infernal a la desaparición forzada parecería sobre exagerada; sin embargo, es imposible enfrentar el hecho sin que algo en quienes han sufrido con la desaparición de un ser querido sienta la presencia de una fuerza que parece venir de las profundidades, de esos abismos donde inevitablemente la imaginación termina por situar a todos aquellos que han desaparecido; los propósitos, los métodos y las consecuencias de las desapariciones, dejan un trasfondo irreducible a toda razón, a toda justificación humana.

 

La monstruosidad de la desaparición forzada, deja además la doble presencia del miedo y de la esperanza en aquellos a quienes les toca vivir la desaparición de seres queridos.

 

A esta atroz práctica, se suma la extorsión moral de la que son víctimas los familiares de los desaparecidos, a través de agencias del Estado que curan con el dolor, prometiendo avances en las averiguaciones a cambio de dinero, prologando ese abominable estado en donde nada tiene sentido, donde promesas y medias palabras multiplican al infinito el dolor y la esperanza, de volver a tener en nuestras vidas a aquellos que la delincuencia nos arrebató.

 

En este contexto la situación de México es preocupante, como lo han documentado organismos internacionales oficiales y de la sociedad civil. En 2009 el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas remitió al país 10 casos, detrás de cada uno de los cuales hay una historia. Ahí está la de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, defensores de derechos humanos desaparecidos en la región de la costa chica de Guerrero el 13 de febrero de 2009 y cuyos cuerpos fueron encontrados días después con signos de tortura.

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), también ha denunciado la grave crisis de derechos humanos que enfrenta nuestro país. En un informe, basado en su visita a México entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre de 2015, la CIDH denunció las cifras alarmantes de desapariciones y desapariciones forzadas (con intervención de agentes del Estado), así como los altos índices de ejecuciones extrajudiciales, torturas, inseguridad ciudadana, falta de acceso a la justicia e impunidad.

 

Según el informe, en México hay 26,798 casos de personas no localizadas y en muchos de esos casos se trata de una desaparición forzada, con intervención de los agentes del Estado. Esta cifra, sin embargo, es considerada arbitraria y que no corresponde a la dimensión del problema, por organismos como Open Society.

 

La lucha de las personas y de los organismos de derechos humanos por visibilizar la desaparición forzada ha sido de lo más difícil e incomprendida. Cuando apareció el Comité Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos, impulsado por Rosario Ibarra de Piedra, pocos creían en la legitimidad de sus demandas y planteamientos. Lo mismo ocurrió después con el Frente Nacional contra la Represión (FNCR).

 

Acudir a un foro internacional para denunciar los crímenes de lesa humanidad que cometía y sigue cometiendo el Estado mexicano, era exponerse a “atentas solicitudes” de guardar silencio. En México, como en Argentina, fueron las madres quienes iniciaron la lucha por la presentación de sus hijos. Ellas sufrieron el calvario de recorrer comisarías, agencias del Ministerio Público, cárceles y juzgados obteniendo resultados exiguos. Sólo su amor de madre hizo que obviaran el inmenso peligro de sufrir la misma suerte de las personas desaparecidas.

 

Para combatir a los grupos de oposición el Estado mexicano decidió crear organismos irregulares como la Brigada Blanca, que estuvo al mando de Miguel Nazar Haro, a quien debería investigarse por los múltiples ilícitos cometidos cuando lideró la represión contra la lucha social. Varios desaparecidos que el FNCR logró rescatar lo señalaron indudablemente como el autor personal del suplicio de los detenidos durante la Guerra Sucia, no obstante lo cual evadió la acción de la justicia.

 

Otro responsable identificado por las víctimas es el ex general brigadier Mario Arturo Acosta Chaparro quien, tras ser investigado por vínculos con el narcotráfico, fue excarcelado en 2007. Sin embargo, también fue absuelto de su responsabilidad en al menos 22 casos de desaparición forzada ocurridos durante la Guerra Sucia.

 

Según el Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias sobre su misión a México (18 al 31 de marzo de 2011), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en su Recomendación 26/2001, la CNDH documentó 532 casos de presuntas desapariciones forzadas en la “Guerra Sucia” y señaló la responsabilidad del Estado, cifra similar a la que se ha registrado en Guerrero que a hoy día suman aproximadamente 500 víctimas de desaparición forzada.

 

En ese mismo informe, se señala que la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) investigó, en ese mismo periodo, un total de 797 casos de desapariciones forzadas; mientras que organizaciones de la sociedad civil informaron que, de acuerdo a sus estimaciones, se habrían cometido alrededor de mil 350 desapariciones forzadas, incluyendo 650 en Guerrero, de las cuales 450 habrían ocurrido en la región del municipio de Atoyac de Álvarez.

 

La desaparición forzada en México tiene niveles similares a países que han experimentado guerra civil y violencia política como Siria y Pakistán, esto de acuerdo con datos del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias (de la Organización de las Naciones Unidas.

 

El caso más reconocido sobre desaparición forzada, se registró en la ciudad de Iguala, donde se suscitaron una serie de episodios de violencia ocurridos durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014, en el que la policía municipal de Iguala, obedeciendo órdenes de la delincuencia organizada, persiguió, atacó, mató y desapareció a 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.

 

Las atrocidades de la desaparición forzada se extiende más allá de las víctimas, muchas veces torturadas y siempre temerosas de perder la vida, hasta alcanzar a los miembros de la familia, que no saben la suerte corrida por sus seres queridos y cuyas emociones oscilan entre la esperanza y la desesperación, cavilando y esperando, a veces durante años, noticias que acaso nunca lleguen.

 

La familia y los amigos de las personas desaparecidas sufren una angustia mental lenta, ignorando si la víctima vive aún y, de ser así, dónde se encuentra recluida, en qué condiciones y cuál es su estado de salud. Además, conscientes de que ellos también están amenazados, saben que pueden correr la misma suerte y que el mero hecho de indagar la verdad tal vez les exponga a un peligro aún mayor.

 

La angustia de la familia se ve intensificada con frecuencia por las consecuencias materiales que tiene la desaparición. El desaparecido suele ser el principal sostén económico de la familia. También puede ser el único miembro de la familia capaz de cultivar el campo o administrar el negocio familiar.

 

La conmoción emocional resulta pues agudizada por las privaciones materiales, agravadas a su vez por los gastos que hay que afrontar si los familiares deciden emprender la búsqueda. Además, no saben cuándo va a regresar, si es que regresa, el ser querido, lo que dificulta su adaptación a la nueva situación.

 

Las graves privaciones económicas que a menudo acompañan a una desaparición afectan con más frecuencia a las mujeres, además, son las mujeres las que están más a menudo al frente de la lucha para solucionar las desapariciones de miembros de su familia. A ese título pueden sufrir intimidación, persecución y represalias. Cuando las mujeres son las víctimas de desapariciones, se hacen particularmente vulnerables a la violencia sexual y de otro tipo.

 

Los niños también pueden ser víctimas de las desapariciones, tanto directa como indirectamente. La desaparición de un niño contraviene claramente varias disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño, incluso su derecho a una identidad personal. Privar al niño de uno de sus padres a causa de una desaparición es también violar gravemente sus derechos.

 

Este lunes 29 de agosto, a propósito de esta grave problemática, se llevará a cabo en el Congreso del Estado de Guerrero el foro: "Por la presentación con vida de los desaparecidos. Entre el dolor y la esperanza" que organizan: Centro Morelos, Centro de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón AC, Ciencia Forense Ciudadana, Nos Faltan 43, Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, Siempre Vivos AC, Tlachinollan y Familiares de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos AC.

 

Atender, resolver y garantizar la no repetición de desapariciones forzadas en nuestro país es un desafío mayor que no admite postergaciones. La tragedia humanitaria de México comienza con estos crímenes brutales cometidos desde el Estado. Ya basta de tanta impunidad y dolor.

 

@RicardoMeb

@OpinionLSR

 

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