CIUDAD DE MÉXICO (La Silla Rota).- El Estado mexicano, en todos sus niveles, no debe hacer negocios ni adjudicar contratos a las empresas nacionales o extranjeras que participen directa e indirectamente en la construcción del muro fronterizo entre México y Estados Unidos, pide un punto de acuerdo en el Senado de la República.
“La Cámara Alta exhorta a los Poderes de la Unión y a los tres niveles de gobierno para que se abstengan de contratar o adjudicar bienes o servicios con las personas físicas o morales nacionales o internacionales que participen de manera directa o indirecta en la construcción del muro fronterizo entre México y Estados Unidos de América”, detalla la propuesta.
Esta petición, promovida por la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Gabriela Cuevas (PAN), busca que estas empresas sean tratadas con reciprocidad en función de la falta de solidaridad que muestren hacia México.
En ese sentido, el punto de vista solicita a las compañías privilegiar el interés nacional sobre el de índole económica y añade que el muro no facilitará el intercambio comercial de más de un millón de dólares que cada minuto se realiza en la zona fronteriza.
En un comunicado, la senadora Cuevas dijo que más allá de las implicaciones en materia comercial y ambiental que traerá consigo la construcción de un muro fronterizo, expertos coinciden en que la edificación de dicha infraestructura tendrá un impacto directo en la vida de los migrantes que cruzan a través de nuestro territorio con la finalidad de llegar a Estados Unidos.
De acuerdo con el experto en materia de seguridad, Alejandro Hope “[…] mientras más dura sea la frontera y más difícil cruzarla, más valiosa se vuelven las rutas y modalidades de tráfico ilícito […]”.
Dicha situación, precisa, pudiera además derivar en enfrentamientos entre redes criminales por el control de las nuevas rutas de tráfico de migrantes y el mayor valor de éstas.
Aunado a ello, debe recordarse que en 1970 se estableció un Acuerdo de fronteras, el cual se encarga de las construcciones entre los ríos Colorado y Bravo, y se estipula la prohibición para construir cualquier estructura que pueda causar desviación u obstrucción de la corriente normal de dichos ríos.
Al 13 de marzo, de acuerdo con reportes periodísticos, el número de empresas con intenciones de participar en la construcción sumaba más de 600, de las cuales una de cada diez, pertenecería a hispanohablantes.
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